El Grupo Colina no escapará de la justicia

Pedro Huilca Tecse, secretario general de la CGTP, fue asesinado el 18 de diciembre de 1992 por el Grupo Colina. Este fue el destacamento paramilitar que operó durante la dictadura de Alberto Fujimori. Treinta y tres años después, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema anuló el miércoles 1 de julio la sentencia que los absolvió en 2023 y ordenó un nuevo juicio oral contra Vladimiro Montesinos y los exintegrantes de ese grupo. La decisión llega en uno de los momentos más oscuros para el sistema de justicia peruano y por eso mismo tiene un valor que va más allá del caso concreto.

La absolución original incurrió en errores graves que la Corte Suprema identifica con precisión que vale destacar. Los magistrados responsables analizaron el móvil del crimen de forma aislada, ignorando declaraciones de exmiembros del Grupo Colina que confirmaban su operatividad en diciembre de 1992. Ello redujo la actuación del destacamento a la eliminación de terroristas, desconociendo sentencias previas que confirman que también asesinaba selectivamente a personas incómodas al régimen.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había ordenado al Estado peruano esclarecer y sancionar a los responsables, y el nuevo juicio oral es la oportunidad de cumplir ese mandato.

Por esto, esta decisión tiene además un mensaje que el país necesita escuchar. La misma Sala Penal Transitoria que la JNJ tiene sometida a proceso disciplinario por defender tratados internacionales de derechos humanos es la que ordena este nuevo juzgamiento. Los mismos jueces que el fujimorismo busca sancionar por aplicar el derecho con independencia, como bien dijo el actual presidente del Congreso Fernando Rospigliosi, son los que impiden que Montesinos y el Grupo Colina escapen de la justicia a través de una absolución con errores de valoración considerada probatoria. Eso es exactamente lo que significa administrar justicia sin artimañas.

El miércoles, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, quien fundó la Asociación de Jueces por la Justicia y Democracia en los años noventa para resistir el sometimiento judicial del fujimorismo, advirtió que los jueces no permanecerán silentes ni en parálisis frente al asedio que enfrentan. Esta sentencia demuestra que hay razones para tener esperanza. A días de que el JNE proclame presidenta a la hija de un exdictador, la justicia recuerda que la memoria no prescribe.