Presidenta del tercio, por Maritza Espinoza

Culpar a los peruanos que viven en el extranjero de la derrota de Roberto Sánchez no solo es absurdo, sino inconstitucional: el voto de cada ciudadano peruano vale exactamente lo mismo, esté donde esté. Si los votos de afuera hubieran llegado antes, como ha ocurrido en otras elecciones, a nadie se le hubiera ocurrido tamaño desatino.

Y no sabemos quién gana con estas discusiones fratricidas en las que se pone en evidencia un profundo menosprecio a la voluntad de grandes grupos de compatriotas. El fraudismo de izquierda, que acaba de inaugurar Roberto Sánchez, trata de negar legitimidad a los peruanos expatriados, algo que solo se atrevió a hacer Nicolás Maduro con la diáspora venezolana. El fraudismo tradicional —el de López Aliaga y Keiko Fujimori en todas sus derrotas— mira con desprecio a los peruanos del Ande. Dos caras de la misma moneda.

Dicho eso, Fujimori ha ganado (ya es un hecho) con el voto reticente de apenas un tercio del país. Las cifras no mienten: de un total de 27.325.432 electores hábiles, votaron por ella 9.190.889. Eso, sin mencionar que, en primera vuelta, obtuvo apenas 2.877.678 votos (de los que se puede decir que son sus votantes duros), lo que significa poco más de un 9% del electorado total. Dicho de otro modo, 91 de cada 100 peruanos no se sienten realmente representados por ella.

Su gobierno comenzará, entonces, con un gran vacío de legitimidad. Porque legitimidad no es que te aplaudan todos los medios serviles (con un nivel de sometimiento solo comparable con el que recibió Mario Vargas Llosa en 1990, contra la candidatura de, ¡caramba qué coincidencia!, Alberto Fujimori), ni el grueso del empresariado mercantilista en busca de prebendas, ni la mascota de Donald Trump que funge de embajador. Legitimidad es que tengas el apoyo convencido de la mayor parte de la ciudadanía.

¿Hará algo la señora K para neutralizar esa falta de popularidad en el comienzo de su gestión formal (descontando sus dos gobiernos anteriores en la sombra)? El sentido común indicaría que debe hacer algo y pronto. Por ejemplo, plantear un gabinete convocante, en el que incluya gente de otras tiendas políticas. Y no, no hablamos del porkysmo, su gemelo ideológico, sino de gente con talante democrático, incluso si ha sido crítica con ella en el pasado.

O puede ir un paso más y pedir a su nueva bancada derogar las leyes procrimen y/o las leyes proimpunidad a violadores de derechos humanos que fabricó su anterior bancada. Ese sería un golpe de efecto que le ganaría el respeto de gran parte de la población, porque mostraría a una estadista capaz de postergar sus cuchipandas partidarias para dar prioridad a los intereses del país.

Podría también pedir disculpas explícitas por haber sostenido contra viento y marea al infame gobierno de Dina Boluarte e indemnizar a los deudos de sus víctimas. Podría revertir las vengativas inhabilitaciones que ejecutó su bancada contra fiscales y jueces que solo hacían su trabajo. Podría, como han sugerido algunos, darle el indulto a Pedro Castillo, el torpe golpista que, pese a todo, tiene el apoyo incondicional de medio país. Podría.

Pero no lo hará. Por todo lo que sabemos de ella, no da la talla de estadista y el voto de los tontos útiles que la creyeron una demócrata era apenas el accesorio que necesitaba para ostentar el poder absoluto, aunque ya ejercía el poder de facto hace muchos años, desde el momento mismo en que, tras el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski, anunció que gobernaría desde el Congreso.

Y gobernó. Tanto que logró la renuncia de PPK, la vacancia de Vizcarra y la manipulación magistral de los hilos de esos títeres llamados Dina Boluarte, José Jerí y Juan José Balcázar mientras, en el Congreso, sus fedayines —aliados con el resto del pacto mafioso que sigue gobernando— cambiaban tres cuartas partes de la Constitución (de su padre), legislaban a favor de intereses ajenos al interés nacional, tomaban instituciones, se adjudicaban beneficios millonarios con nuestro dinero y se blindaban con cuero de chancho frente a procesos futuros.

Ahora que lo tiene todo no se parará en pequeñeces. Sería absurdo suponer que ella, que jamás dio tregua a ningún gobierno, vaya a exigir una tregua social a estas alturas. ¿A santo de qué lo haría si nunca le importó la opinión de la gente? Aún resuena esa “infidencia” de la excongresista Yesenia Ponce, quien contaba en un audio que Keiko Fujimori, tratando de imponer el proyecto Chinecas a toda costa, pronunció su ya famosa frase: «No me importa si se perjudican 10 mil o 100 mil».

Además, ella sabe que el gran partido antifujimorista del Perú, ese que ha puesto a los últimos presidentes, está activado y que tendrá convulsión desde el primer día. La población tiene furia embalsada con lo que hizo su bancada, con su accionar opaco de gobernante en la sombra durante dos quinquenios, con la impunidad que la rodea, con su voracidad de poder, con su modo soberbio de responder a cualquier cuestionamiento.

Y no tendrá miramientos. ¿Marchas en el sur? ¡Bala! ¿Protestas en Lima? ¡Tanques! ¿Medios críticos? ¡Censura! Es más, apostaría un chifa a que no pasa agosto sin que los gases lacrimógenos inunden las calles de Lima.