El caso ONPE exige celeridad y garantías

La Oficina Nacional de Procesos Electorales atraviesa una nueva crisis de credibilidad, semanas después de que el país discutiera las fallas del sistema electoral en plena primera vuelta. El episodio involucra al secretario general de la institución desde 2020, Elar Juan Bolaños Llanos, separado del cargo mediante la Resolución Jefatural N.° 000100-2026-JN/ONPE el mismo 23 de junio en que presentó una carta dirigida a la entidad.

En ese documento, Bolaños alertó sobre hechos que podrían perjudicar la organización de las Elecciones Regionales y Municipales de octubre, y denunció factores graves vinculados a la manipulación de los equipos de cómputo a su cargo, con información que afirma no haber generado, además de una vulneración del Sistema de Gestión Documentario con afectación de datos personales. Cerró su carta poniéndose a disposición de la justicia.

Sin embargo, la ONPE no tramitó ese documento como una aceptación de renuncia. Esa misma jornada emitió la resolución que dio por concluida su designación, sin precisar las razones de su salida. El jefe interino, Bernardo Pachas, rechazó la denuncia en público, alegando que la Contraloría vigila todos los procesos de compra de la entidad. La propia ONPE recordó que Bolaños supervisaba esas contrataciones y que, como oficial de integridad, nunca antes formuló una alerta similar.

Es un contexto complejo. Pedirle solo celeridad a la institución llamada a esclarecer esto sería incompleto. La Fiscalía de la Nación la ejerce de manera interina Tomás Gálvez, designación ocurrida tras arbitrariedades del pacto corrupto que lideró el fujimorismo y que busca controlar las decisiones del Ministerio Público, así como otras más. De hecho, cabe recordar que el propio Gálvez impulsa además una reforma de la institución que las 34 Juntas de Fiscales Provinciales del país y la Comisión de Venecia advirtieron que podría convertirla en un instrumento de control político disfrazado de modernización.

En ese sentido, el caso ONPE necesita las dos cosas a la vez. Por un lado, celeridad, porque las elecciones de octubre se organizan ahora y la institución entrega su jefatura definitiva el 3 de julio. Por otro, garantías de debido proceso, porque la entidad llamada a investigar atraviesa su propia crisis de independencia. Y ante ello, el nuevo parlamento bicameral será fundamental. Aquí se medirá también las credenciales democráticas y respetuosas del Estado de Derecho.

La institucionalidad democrática del país ya viene debilitada en varios frentes. Una investigación que falle en velocidad o en imparcialidad solo puede debilitarla aún más.