Se necesita un Estado a la altura de la riqueza peruana

Julio Velarde lleva más tiempo al frente del Banco Central de Reserva que cualquier presidente que haya gobernado el Perú en las últimas dos décadas. Por eso, cuando advierte que la creación de riqueza requiere de ciertas condiciones mínimas, lo hace con la autoridad de quien ha observado el problema desde adentro durante años.

Al respecto, los números del boom merecen leerse con atención. Las exportaciones mineras del Perú alcanzaron 62,848 millones de dólares en 2025, un crecimiento de 27,2% respecto al año anterior. El cobre y el oro explican el 61,7% del valor total exportado por el país. En 2025, el oro alcanzó precios históricos con más de 60% de alza y la plata dobló su valor. En los primeros meses de 2026, las exportaciones mineras crecieron 59% respecto al mismo periodo del año anterior. A partir de ello, es posible decir que el Perú atraviesa uno de los ciclos de precios internacionales más favorables de toda su historia en las últimas décadas.

Y, solo gracias a ese viento extraordinario a favor, la economía creció 3,4% en 2025. En ciclos anteriores de bonanza comparable, el país llegó a expandirse a tasas superiores al 6% y al 8% anual. La brecha entre lo que el país extrae y lo que su población recibe en bienestar real es la pregunta central que los dos candidatos presidenciales han preferido eludir durante toda esta segunda vuelta.

Pero esa brecha tiene nombre y se llama falta de institucionalidad. Un Estado con organismos cooptados, reglas que se aplican según conveniencia política, contratos que no se respetan e instituciones al servicio de agendas ajenas al bien común convierte lo que debiera ser bonanza de los recursos naturales en riqueza para muy pocos y, por lo tanto, en crecimiento insuficiente. Velarde lo diagnostica: el desarrollo requiere un Estado fuerte. Lo que describe es exactamente lo que cinco años de destrucción institucional le arrebataron al país. Y buscan seguir haciendo.

Esas condiciones para el crecimiento, afirma Velarde, requieren además de inversión privada, libertad económica y respeto a la propiedad, un Estado fuerte y previsible.

El próximo gobierno recibe un Perú con recursos extraordinarios y un Estado en condiciones precarias para administrarlos, con responsables perfectamente identificables en ambas opciones contendoras para asumir la gestión del Ejecutivo. Esa contradicción merece una respuesta antes del 7 de junio.