El boom del cobre exige rescatar las instituciones

El cobre vuelve a colocar al Perú frente a una oportunidad histórica. El alza sostenida del principal producto de exportación del país podría mejorar las perspectivas de crecimiento en un contexto internacional positivo para el sector minero. Este escenario podría convertirse en uno de los ciclos mineros más importantes de las últimas décadas. Al respecto, no es disparatado sostener que el Perú posee reservas estratégicas y, sobre todo, con capacidad potencial para beneficiarse directamente de la creciente demanda global de cobre, como también la de oro.

Sin embargo, el país enfrenta esta ola en medio de un profundo deterioro institucional. Ese es el gran riesgo que deberían responder los candidatos a la presidencia para llevar adelante cualquiera de sus propuestas de gasto público que plantean en sus planes de gobierno.

Vale recordar que durante los gobiernos del primer decenio del presente milenio, la economía peruana atravesó uno de los mayores booms mineros de su historia impulsado precisamente por el cobre. El país creció aceleradamente, redujo pobreza y multiplicó inversión pública y privada. Sin embargo, aquella bonanza convivió en mayor o menor medida con corrupción e informalidad estructural que desataron bajos niveles desarrollo del Estado y de políticas que mejoren estructuralmente aspectos elementales para la vida de los ciudadanos como la salud y la educación.

Ese aprendizaje, que debía conducir a una estrategia nacional orientada a fortalecer instituciones no ocurrió. Buena parte de las propuestas políticas que hoy plantean rutas de desarrollo actúan como si aquella experiencia nunca hubiera existido. Hoy, en plena campaña electoral, el debate vuelve a concentrarse en la extracción inmediata de riqueza mientras el Estado ostenta una capacidad casi nula de supervisión gracias al poder político comandado actualmente por el pacto corrupto en el Congreso, que ha legislado en desmedro del Estado.

Lo ocurrido en Pataz expuso la dimensión del problema: disputas de control entre fuerzas estatales alrededor de economías ilegales que hoy movilizan millones de dólares.

Allí aparece la principal paradoja peruana. El mismo ciclo internacional que podría impulsar crecimiento, inversión y bienestar también alimenta economías ilícitas en un contexto de captura institucional y debilitamiento democrático. Sin organismos de control sólidos, justicia independiente y capacidad efectiva de fiscalización, el boom minero puede terminar fortaleciendo redes criminales antes que al Estado. Y de eso hay que hablar seriamente.