La pobreza amazónica no es inevitable, por Eliana Carlin

El INEI acaba de publicar sus cifras de pobreza monetaria y el resumen es brutal: Loreto con 40,1%, Huánuco con 35,7%, y el dato que debería paralizarnos: el 46,2% de la población en hogares cuyo jefe tiene lengua materna indígena amazónica vive en pobreza. Casi el doble del promedio nacional. No son simples estadísticas. Es una generación entera de peruanas y peruanos que no va a poder desarrollar su potencial de vida porque, una vez más, quienes gobiernan miran hacia otro lado.

La Amazonía no es pobre porque esté lejos. La Amazonía es pobre porque el sistema fue diseñado sin ella. Un producto que en Lima llega en camión desde el puerto en pocas horas, en Loreto o Ucayali recorre días por vía fluvial, atraviesa múltiples intermediarios y llega encarecido en un 40%, 60% o más. Sobre ese precio ya inflado por la distancia y el abandono logístico, se aplica el mismo IGV que paga un consumidor de Miraflores. El consumidor amazónico paga más por el mismo bien y tributa igual que quien vive a metros de un supermercado. Eso no es neutralidad fiscal. Es, en la práctica, una penalidad disfrazada de igualdad.

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El Proyecto de Ley 13859 propone exonerar el IGV a todo el consumo en la Amazonía (compras, servicios e importaciones). La urgencia es real: hay 2,3 millones más de pobres en el Perú que antes de la pandemia. El costo de no tomar medidas inmediatas se mide en bienestar no realizado, en capital humano que no se desarrolla, en vidas que se quedan a mitad de camino. Una medida que abarata bienes esenciales impacta en la vida diaria de peruanas y peruanos, además de reactivar la demanda, formalizar el comercio y puede ampliar la base tributaria a mediano plazo.

Esto no es ni tiene que ser la solución definitiva. El mercado interno amazónico tiene que desarrollarse, la infraestructura de conectividad es una deuda histórica, y las políticas de largo plazo para que estas regiones dejen de depender de excepciones tributarias son urgentes y no negociables. Pero mientras eso se construye —y tiene que construirse con urgencia real, no con mesas de trabajo interminables— la gente vive hoy. Come hoy. No puede esperar más.

Hay una diferencia fundamental entre igualdad y equidad. Aplicar el mismo IGV en Iquitos que en Lima no es justicia fiscal: es indiferencia. Y la indiferencia sostenida por décadas, vestida de neutralidad técnica, tiene consecuencias que no son abstractas. Son el 46,2%. Son las niñas y los niños amazónicos que nacen con menos posibilidades, no por falta de capacidad, sino por falta de Estado. Eso tiene solución. La pregunta no es si podemos. La pregunta es si, esta vez, el Congreso va a querer.