El Estado debe responder por muertes en Huancavelica

Cinco jóvenes murieron en Huancavelica tras una intervención militar basada en información de inteligencia de la DIRANDRO sobre un supuesto convoy de narcotráfico. El operativo contó con el apoyo de la 31.° Brigada de Infantería. De las pesquisas preliminares, lo que se sabe es que el vehículo intervenido era una camioneta civil.

La inspección fiscal en la escena establece elementos clave ya que determinó la ausencia de fuego cruzado, la inexistencia de armas por parte de los finados y, sobre todo, ningún vestigio de droga o insumos vinculados al narcotráfico. Estos hallazgos configura. un escenario de alcances graves que apuntan a una falla de inteligencia con consecuencias fatales sobre civiles.

En ese sentido, el Estado tiene el deber de esclarecer con celeridad cómo una operación sustentada en inteligencia derivó en la muerte de cinco personas sin evidencia de amenaza. La cadena de decisiones —desde la recolección de información hasta la ejecución del operativo— exige una revisión exhaustiva. La responsabilidad abarca tanto la calidad de la inteligencia como la proporcionalidad en el uso de la fuerza.

Este episodio ocurre en un contexto político-electoral complejo, donde el discurso de seguridad adquiere protagonismo y donde algunos liderazgos han respaldado acciones estatales de alta intensidad en escenarios de conflicto social, como en Ayacucho y Apurímac entre 2022 y 2023. Este antecedente refuerza la necesidad de afirmar estándares claros: la seguridad se ejerce dentro de la ley y bajo control democrático.

La reacción ciudadana en la zona ya se expresa en protestas y bloqueos que exigen justicia. La tensión creciente con las fuerzas del orden refleja una fractura que el propio Estado tiene la responsabilidad de reparar.

El combate al narcotráfico constituye una prioridad nacional. Su eficacia depende de inteligencia precisa, decisiones responsables y respeto irrestricto a los derechos fundamentales. Una falla de inteligencia que desemboca en la muerte de civiles exige correcciones profundas y rendición de cuentas.

Las familias merecen verdad y justicia. Por ello, el Estado debe responder con diligencia y rapidez.