¿Cuál es el verdadero nivel de informalidad en el Perú?, por Fernando Cuadros Luque

En mi artículo titulado “Aspectos conceptuales de la informalidad en el Perú”, el cual fue publicado en este mismo espacio el 10 de agosto del 2025[1], mostré que se estaría sobrestimando el nivel de informalidad en nuestro país.

Hoy ahondaré en el referido análisis, como siempre, sobre la base de fuentes estadísticas oficiales.

¿A cuánto asciende realmente la tasa de informalidad?

De acuerdo con la Planilla electrónica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), al 2025 figuran 4,4 millones de asalariados declarados en planilla en el sector privado y 1,6 millones en el sector público, es decir, 6 millones de trabajadores asalariados formales, con acceso a derechos laborales, a nivel nacional (ver gráfico).

Según la misma fuente, existen 383 mil empleadores formales en el sector privado, es decir, unidades empresariales con Registro Único de Contribuyente (RUC) y personal declarado.

En cuanto a los trabajadores independientes (aquellos que laboran por cuenta propia), tomando como referencia la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se registran aproximadamente 649 mil con RUC, es decir, trabajando en condición de formalidad.

Por último, sobre la base de la misma fuente (complementada por el registro del Seguro Social de Salud-EsSalud), existen alrededor de 80 mil trabajadores(as) del hogar afiliados a EsSalud, quienes laborarían formalmente realizando actividades domésticas en hogares ajenos al propio.

En suma, se registran 7,1 millones de trabajadores/ocupados formales, quienes representan el 40% de la población económicamente activa (PEA) ocupada en nuestro país (17,6 millones).

Con ello, la real tasa de informalidad se ubicaría en 60%, 10 puntos porcentuales (pp) por debajo del 70% estimado oficialmente por el INEI. Este nuevo valor, aunque sigue siendo elevado, resultaría más congruente con el nivel del Producto Bruto Interno (PBI) per cápita del Perú.

Cabe precisar que se asume que todos los trabajadores familiares no remunerados (TFNR) se desempeñan en condiciones de informalidad, por lo que si se desarrollara algún criterio para definir su formalidad/informalidad (como el grado de consanguinidad en relación al conductor del negocio y/o el acceso a protección social en salud y pensiones), la tasa de informalidad podría ser incluso inferior.

La diferencia de 10 pp entre la tasa de informalidad que estimo en la presente columna y la calculada por el INEI, se debe fundamentalmente a la subestimación oficial del nivel de formalidad de los asalariados sobre la base de la EPEN respecto a la realidad observada en la Planilla electrónica del MTPE (registro administrativo censal). Para mayor detalle al respecto, sugiero revisar mi artículo titulado “Aspectos conceptuales de la informalidad en el Perú”, el cual fue publicado en este mismo espacio el 10 de agosto del 2025.

Lo analizado hasta el momento nos muestra que, con la finalidad de contar con un diagnóstico lo más certero posible sobre la informalidad en el país y a partir de ello aplicar políticas eficaces para su reducción, resulta clave que el Estado, a través del MTPE principalmente, desarrolle un análisis segmentado del problema en los términos planteados en la presente columna y también corrija los aspectos conceptuales/operativos errados en la medición de la informalidad.

Un aspecto que vale la pena resaltar es que para nuestro nivel de PBI per cápita, la informalidad debería ubicarse alrededor del 50%. La brecha actual podría acortarse rápidamente con una política de fiscalización laboral potente que incorpore en planilla a los cerca de 970 mil asalariados que estarían contratados de manera fraudulenta como locadores de servicios (consultores): 740 mil en el sector privado y 227 mil en el sector estatal, los cuales figuran con nombre propio en la Planilla electrónica del MTPE. Con ello, la tasa de informalidad se reduciría de 60% a 54%.   

¿Qué hacemos con la informalidad?

Además de lo señalado previamente, para comenzar a solucionar de manera estructural la problemática de la informalidad/precariedad son fundamentales las siguientes políticas:

Diversificación productiva: planificar e implementar un conjunto de incentivos económicos (que no impliquen el recorte de derechos laborales y tampoco promuevan la subdivisión empresarial) para contribuir al desarrollo de sectores con potencial de generación masiva de empleo asalariado formal, como la agroindustria, textiles y confecciones, metalmecánica, turismo y sus ramas vinculadas (alojamiento, restaurantes, servicios recreativos y transporte), e industria minera.

Fomento del crecimiento de la productividad: requiere diseñar y aplicar un conjunto de mecanismos articulados para el acceso masivo de micro y pequeñas empresas (MYPE) a crédito barato, capacitación laboral, innovaciones, nuevos mercados, compras estatales, articulación productiva, simplificación administrativa, medidas tributarias promocionales, etc.

Fortalecimiento de la fiscalización laboral: implica otorgarle más competencias (como la facultad de incorporar directamente en planilla a los trabajadores encontrados fuera de ella y declarar como estables a aquellos con contratos temporales desnaturalizados) y presupuesto a la SUNAFIL (para incrementar el personal que integra el proceso inspectivo), con el fin que pueda ampliar su cobertura y mejorar su efectividad. Asimismo, se deben generar sinergias entre la SUNAFIL y SUNAT.

Reforma laboral integral: que promueva el empleo formal, estable, productivo y con ingresos adecuados. Implica aprobar, vía el CNTPE y el Congreso, una nueva Ley General de Trabajo, que limite la contratación temporal y tercerización laboral con destaque de personal, vincule el despido a causas objetivas con un procedimiento adecuado, fomente el ejercicio de la sindicalización y la negociación colectiva, precise la regulación aplicable a los trabajadores de aplicaciones, etc.

Relanzamiento de la reforma del servicio civil: destinando el presupuesto necesario, actualizando las escalas salariales para hacerlas atractivas y acelerando el tránsito al nuevo régimen (sobre todo de los CAS) vía cursos de suficiencia en la ENAP. Además, se debe incluir la fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral en el Estado entre las competencias de la SUNAFIL.

Epílogo

Hoy se llevan a cabo las elecciones generales en nuestro país. Votemos por quienes –además de ser demócratas, honestos y personas preparadas para la función pública- aborden de manera seria en sus planes de gobierno la solución de los problemas estructurales del Perú, siendo uno de los principales el elevado nivel de informalidad que precariza las condiciones de vida de millones de nuestros compatriotas.

¡Votemos por la justicia social!

[1] Ver: https://larepublica.pe/opinion/2025/08/10/aspectos-conceptuales-de-la-informalidad-en-el-peru-fernando-cuadros-luque-hnews-625870.