La captura del Ministerio Público

El Ministerio Público concentra un poder determinante en la democracia peruana. Desde esta entidad se impulsan investigaciones por corrupción, se activan procesos contra altas autoridades y se marcan ritmos en la agenda política nacional. En otras palabras, es la encargada de la persecución del delito.

La elección de Tomás Aladino Gálvez como fiscal de la Nación para los próximos 3 años marca un momento para la justicia peruana. Este nombramiento expresa una reconfiguración del control dentro del aparato judicial y refleja la correlación política que hoy predomina en el Congreso de la República del Perú.

Los hechos claves ocurrieron semanas antes de su designación. Durante su etapa como fiscal interino, Gálvez dispuso archivar la investigación contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides y magistrados de la Junta Nacional de Justicia por los acontecimientos del 16 de junio de 2025, vinculados al intento de reposición de Benavides en el cargo. Lo mismo ocurrió con el exministro itinerante del gobierno de Dina Boluarte, Juan Jose Santivañez. Ambas resoluciones cerraron el frente penal sobre denuncias graves en contra de ambos.

La secuencia entre esa decisión y su posterior elección proyecta una señal clara dentro de la élite institucional: sectores con intereses convergentes logran consolidar posiciones estratégicas en el Ministerio Público. Y el señor Aladino lo ha explicitado al sostener que no deberían investigarse a altos funcionarios.

La actual coyuntura política también influye en este proceso. El pacto corrupto en el parlamento intenta formar alianzas dentro del sistema de justicia para que sus miembros cuenten con impunidad.

La designación de Tomás Aladino Gálvez ocurre, entonces, en medio de una disputa por el control institucional del Estado. Al mismo tiempo, el calendario electoral abre un espacio real para que la ciudadanía influya en ese proceso y redefina la relación entre política y justicia.

En este tablero aparece un factor decisivo: la ciudadanía. El proceso electoral del 12 de abril introduce una variable capaz de alterar el equilibrio político del país. El voto ciudadano tiene la fuerza suficiente para redefinir el contexto en el que operan instituciones como la Fiscalía.

En la historia reciente del Perú, las transformaciones políticas han surgido precisamente cuando la sociedad interviene con claridad en las urnas y reordena el escenario nacional. Este momento reúne esas condiciones: instituciones en disputa, bloques de poder en consolidación y una elección que puede modificar el rumbo del país.