Un nuevo ajuste de cuentas del pacto corrupto

El hábeas corpus presentado por la defensa de Vladimir Cerrón ante el Tribunal Constitucional irrumpe en la recta final del proceso electoral y coloca nuevamente a la justicia constitucional en el centro del debate público. El expediente llega al máximo intérprete de la Constitución en un escenario político marcado por la influencia de una coalición parlamentaria que hoy concentra poder en varias instituciones del Estado, incluyendo el TC.

Cerrón, líder del partido Perú Libre, mantiene una orden de captura vigente y permanece prófugo de la justicia desde el 6 de octubre de 2023. Han transcurrido 892 días desde el inicio de esa condición. Durante ese periodo, ha continuado interviniendo en la política nacional y ejerciendo influencia dentro de su organización, con absoluta impunidad.

No obstante, el contexto político explica la sensibilidad del caso. El presidente de la República pertenece formalmente a Perú Libre y comparte el ejercicio del poder con una coalición parlamentaria que domina el Congreso y extiende su influencia sobre diversos organismos del Estado. Ese bloque ha consolidado una estructura de poder que opera de manera coordinada en defensa de sus intereses.

Dentro de ese esquema, el Tribunal Constitucional cuenta con precedentes. Decisiones de la actual mayoría de magistrados han permitido que sentenciados por graves violaciones a los derechos humanos recuperen su libertad antes de cumplir la totalidad de sus condenas. El caso de Daniel Urresti, condenado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos durante el conflicto armado interno, se convirtió en uno de los varios ejemplos más polémicos. Hoy el sentenciado puesto en libertad gracias a una sentencia ilegal es miembro del Partido Podemos Perú de José Luna.

Al respecto, el constitucionalista Luciano Lopez ha advertido sobre la singularidad del tratamiento que recibe este caso. Según ha señalado, solo este año han ingresado 171 hábeas corpus al Tribunal Constitucional, y particularmente el de Cerrón ha sido priorizado. 

La deliberación sobre este hábeas corpus ocurre así bajo la mirada de un país que observa cómo un dirigente político prófugo desde hace casi tres años encuentra en la justicia constitucional una vía para redefinir su situación procesal en plena competencia electoral.

La ciudadanía está harta de tanta treta. Y ese hartazgo se sentirá el próximo 12 de abril.