Sin lugar para las niñas, por Paula Távara

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud, en 2025 se registraron 993 partos de niñas de entre 10 y 14 años en el Perú. Esto significa que, en promedio, cada día 3 niñas menores de 14 años dieron a luz, poniendo en serio riesgo su vida.

Asimismo, según los reportes oficiales del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer, solo de enero a junio de 2025 se registraron 16,000 casos de violencia sexual contra menores, 6,677 de ellas violaciones sexuales. De estas, el 94% correspondía a niñas y adolescentes de sexo femenino.

En cualquier Estado que respetase su adscripción a la Declaración de los Derechos del Niño, esta crítica cifra hubiese generado medidas específicas de prevención de la violencia sexual contra las infancias, promoción de Educación Sexual Integral (ESI) (pues esta incorpora contenidos sobre prevención y denuncia) y una mejora en la atención de casos de violación, que garantizara el acceso al kit sanitario que incluye anticoncepción oral de emergencia (AOE) y antirretrovirales para las víctimas.

En lugar de ello, en el Perú se promulgaron leyes para la eliminación de la ESI en las escuelas y del Enfoque de Género en las políticas públicas; se presionó al Instituto Nacional Materno Perinatal para modificar la normativa sobre aborto terapéutico en niñas menores de 13 años, y diversas investigaciones de campo muestran que la AOE es prácticamente inaccesible en los servicios públicos de salud.

Y es que parece claro que, principalmente en la última década, las acciones vinculadas a violencia sexual contra la niñez han sido resultado de una cada vez mayor injerencia de posturas ideológicas de corte conservador, y no de la ciencia y la evidencia.

Solo en estas últimas semanas hemos conocido dos graves situaciones: a finales de enero, la denuncia de un menor de edad que fue víctima de violencia sexual al interior del Puericultorio Pérez Araníbar, centro a cargo de la Beneficencia de Lima, a cuyos directivos nombra la Municipalidad Metropolitana de Lima, hoy en manos del partido Renovación Popular. En lugar de reconocer la gravísima situación, la Beneficencia ha descalificado a sus denunciantes y mantenido a las funcionarias en sus puestos.

Y hace tan solo unos días, nos indignamos al conocer las imágenes de niñas y adolescentes, embarazadas o madres víctimas de violación, que residían en el “Hogar Refugio La Casa del Padre”, a las que se les empleaba como propaganda de posturas políticas promovidas por una parlamentaria del mismo partido político: Renovación Popular.

La “coincidencia” de estos dos casos no es tal. Estamos más bien ante el claro reflejo de cómo en los últimos años el movimiento conservador, y especialmente el vinculado a la ultraderecha, logró posicionarse y ocupar un lugar de gran relevancia en cuanto a la toma de decisiones en materia de políticas vinculadas a derechos sexuales y reproductivos, dejando en desprotección a niñas, niños y adolescentes del país.

Pero ¿cómo hemos llegado hasta este punto?

Partamos clarificando que el conservadurismo no es monopolio de los sectores políticos de derecha. El conservadurismo es la defensa política y social del mantenimiento de instituciones sociales y políticas tradicionales.

Así, la existencia de un sector conservador en las sociedades, incluida la peruana, ha sido constante a través del tiempo y ha tomado postura frente a los distintos cambios políticos y avances sociales.

En “Entre Dios y el Estado” (IEP, 2024), Rodrigo Gil Piedra señala bien que en el Perú este movimiento se ha centrado en la defensa de una agenda “moral”: “mantenimiento oficial de valores cristianos en la sociedad, sobre todo en el ámbito de la moral sexual y familiar”.

Esa agenda, nos dice Gil Piedra, los llevó, a partir de la segunda década de este siglo, a agruparse y organizarse de forma “reactiva”, es decir, “en oposición” a lo que percibían como avances de una agenda de derechos, a la que hoy denominan “agenda caviar” o “agenda woke”.

Pero de esa organización reactiva el movimiento conservador dio un paso más hacia su politización y posicionamiento en espacios de poder, primero mediante candidaturas de figuras de iglesias evangélicas o católicos conservadores en diversas bancadas parlamentarias, hasta su posicionamiento como facción predominante en el partido Renovación Popular.

Es importante ser claros con respecto a que el conservadurismo es transversal al espectro político. De hecho, un conteo rápido que realicé en el año 2021, al iniciar este periodo político nacional, arrojaba alrededor de 111 de 130 parlamentarios vinculados a posturas conservadoras en los temas antes mencionados.

Sin embargo, la bandera y la defensa discursiva de la “moral conservadora” y lo “provida” han estado en el partido Renovación Popular y sus principales figuras, un partido que podemos clasificar como de ultraderecha, en tanto sus banderas no se han centrado en el manejo de la economía o el orden institucional, sino en cuestiones morales y culturales. RP, valga decir, ha buscado y mantenido el control de la Comisión de Mujer y Familia durante todos estos años, garantizando así el bloqueo de leyes como la Política de Cuidados y promoviendo la erosión en los temas antes señalados.

Mientras estas organizaciones políticas conservadoras a la peruana tengan espacios preponderantes en el Legislativo y el Ejecutivo, no podemos esperar que las cifras de violencia o de maternidad infantil se muevan sino en aumento. Que mientras sean ellos los que controlen la agenda y la acción pública, este seguirá siendo un país sin lugar para las niñas.