El canal del Estado en contexto preelectoral

El canal del Estado peruano nació con la misión de ser un medio público al servicio de la ciudadanía, no del poder político. En los procesos electorales, su rol ha sido particularmente sensible, pues de él se espera particularmente equilibrio informativo, acceso plural a las distintas fuerzas políticas y una cobertura que refleje la diversidad territorial y social del país.

A lo largo de su historia, ese ideal ha sido constantemente puesto a prueba. Cada cambio de gobierno ha implicado presiones directas o indirectas sobre su línea editorial, su conducción y su personal. Esa debilidad estructural vuelve a hacerse visible hoy, cuando el país ingresa a una etapa claramente preelectoral rumbo a 2026.

Desde el inicio del gobierno del pacto parlamentario autoritario que tuvo primero a Dina Boluarte como ejecutora, la comunicación estatal se ha desarrollado en un contexto de crisis institucional y protestas. En ese escenario, la prioridad no fue fortalecer un espacio público de información, sino reducir riesgos políticos. Ello se expresó en ajustes internos, cambios de jefaturas bajo consignas de cuotas de poder y una redefinición de prioridades que afectó la cobertura de conflictos, el enfoque regional y la presencia de voces críticas.

El canal del Estado acompañó ese viraje. Sin grandes anuncios, se fue configurando una agenda más controlada, menos diversa y más centralizada. La lógica no fue ampliar el debate, sino administrarlo. La información dejó de pensarse como un derecho ciudadano y pasó a gestionarse como un recurso político, más que público.

Con la llegada de José Jerí a la jefatura, esta dinámica adquiere un nuevo cariz. En simultáneo, se habla de recortes de personal, reducción de sueldos y jales focalizados en áreas estratégicas como prensa, producción y contenidos. El momento en que ocurren estos movimientos no es casual. Tampoco lo es que el mayor impacto recaiga sobre periodistas regionales, cuya labor conecta al canal con realidades locales que suelen quedar fuera del relato oficial.

No se discute aquí la necesidad de ordenar una institución pública ni de mejorar su eficiencia. El problema surge cuando esos cambios se realizan sin transparencia, y coinciden con la preparación de la cobertura electoral. En ese contexto, las decisiones administrativas adquieren inevitablemente un sentido político.

En ese sentido, conviene subrayar con firmeza que el canal del Estado no pertenece al gobierno de turno ni a ningún proyecto partidario. Su instrumentalización, abierta o encubierta, debilita el debate público y afecta la equidad del proceso electoral. Por ello, lo que ocurre en su interior es una señal temprana sobre la calidad de la democracia que se está construyendo de cara a las elecciones de 2026.