Campaña que se viene, por Paula Távara

En los próximos días los partidos políticos inscribirán de forma definitiva sus listas electorales presidenciales y parlamentarias.

Esto significa que la ciudadanía podrá tener claridad de todas las listas oficialmente inscritas de candidaturas presidenciales y conocerá a las y los postulantes a ocupar escaños en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

Mientras que en otros contextos este hito del calendario electoral podría verse como un trámite formal únicamente, por la previsibilidad de las candidaturas e incluso las preferencias, no es ese el caso en esta elección nacional.

Llevadas a cabo ya las primarias e internas en los partidos, nuestras elecciones del 07 de abril contarán con 36 candidaturas presidenciales.

Quiero hacer un aparte aquí para señalar que en estas 36 listas solo 4 mujeres postulan a la presidencia: Fiorella Molinelli (Alianza Fuerza y Libertad), Rosario Fernández (Un Camino Diferente), Marisol Pérez Tello (Primero La Gente) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

Además, que la eliminación de la obligatoriedad de alternancia en la conformación, ha permitido que estas candidatas vayan como la única mujer en su lista, al tiempo que en la gran mayoría de las otras planchas presidenciales las mujeres ocupen el último lugar. Estos son pues los costos para las mujeres de haber tenido un congreso conservador y una primera mujer presidenta que sólo generó rechazo.

Puestos ya oficialmente en campaña desde enero de 2026, entrevistas en medios, carteles publicitarios, apariciones de publicidad de candidaturas en nuestras redes sociales, entre otros, se verá crecer exponencialmente conforme nos acerquemos a las elecciones. Lo harán también, seguro, las actividades y prevendas, los tappers y “donativos” que buscan utilizar la necesidad y vulnerabilidad de nuestros ciudadanos para obtener sus votos.

También crecerá significativamente el tono en las confrontaciones entre adversarios. Aquí la movilización no es lineal, sino que la carrera se ve marcada por aquella frase de “ladran Sancho, señal de que avanzamos”: en cuanto veamos una candidatura (cualquiera sea) subir en las encuestas, también veremos crecer la anti campaña, la agresividad y, lamentablemente, seguro también las fake news contra esta.

Esto último no es herencia únicamente de la personalización que la política (y por ende de las campañas electorales) que se ha hecho norma en el país a partir de la pérdida de representatividad de los partidos políticos, sino que va aunado a una tendencia global y regional de polarización y agresividad, principalmente vinculado al crecimiento de las extremas derechas y ultraderechas globales, que cuestionan el funcionamiento de los Estados y de muchos de los principios que nos han permitido avanzar como sociedades.

Pero, además, la ciudadanía a la que las candidaturas buscan convencer para obtener su voto, llega a estas elecciones con un ánimo de pleno descontento. Y aquí resulta importante plantear que ese descontento va más allá de figuras partidarias, espectros políticos o de la denominada “clase política” alejada a sus intereses y necesidades.

Esta década de crisis y convulsión, de escándalos de corrupción y abusos de poder, han llevado a que el descontento se torne cuasi estructural: desapruebo a los políticos, desapruebo a los partidos, a la democracia y a la propia configuración del Estado en que vivimos.

Cuando decimos que, si pudieran, muchos ciudadanos y ciudadanas desmontarían el Congreso, deberíamos reconocer que también lo harían con la presidencia y con el sistema de justicia. Estén en lo correcto o lo equivocado, lo cierto es que las propuestas de gobierno de uno u otro lado del espectro no alcanzarán para satisfacer el cansancio de estos sectores de la población.

Por ello, este descontento cuasi estructural representa un reto y un riesgo en el proceso. Un reto en cuanto a la necesaria responsabilidad de quienes postulan a los más importantes cargos públicos de escuchar, atender y proponer alternativas para la superación de la situación nacional; y un riesgo en tanto resulta campo de cultivo para que mensajes simples, radicales y antidemocráticos (o demócrata-precarios) propongan un “nuevo orden” de cosas valiéndose a menudo de discursos provocadores y antagonizastes, que con una mano dan soluciones altisonantes y con la otra reducen derechos a gran parte de la ciudadanía.

Además, en un país como el nuestro, que ha transitado a empujones a un cuasi parlamentarismo, debemos ser conscientes de la especial relevancia de la conformación de las listas a diputados y senadores, las que conoceremos con total claridad en los próximos días.

Siendo en general muy poco partícipe de que desde la ciencia política hagamos futurología, creo no equivocarme al decir que, teniendo en cuenta los antecedentes electorales, la gran cantidad de partidos políticos y lo que las encuestas muestran hasta ahora, quien gane las elecciones presidenciales no contará con bancada mayoritaria en ninguna de las dos cámaras.

Por tanto, el botón rojo llamado “vacancia presidencial” seguirá activo y la conformación de coaliciones y acuerdos entre bancadas parlamentarias será central.

Es este el contexto en que nos aproximamos al nuevo año, año electoral. Uno en el que estamos ante la posibilidad de seguir bajo un “pacto mafioso” o garantizar un “cordón sanitario” que nos permita retomar, al menos, parte de lo perdido en estos años.