Congreso prepara golpe contra la Fiscalía

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió recomendar la inhabilitación de los fiscales supremos Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez, Delia Espinoza y Zoraida Ávalos. Esta selectividad arbitraria que deja fuera de dicha sanción a los fiscales Patricia Benavides y Tomás Gálvez anticipa la reanudación del proceso de degradación democrática que el país, en los últimos años, ha venido soportando.

Lo que ocurre es que con los votos articulados de Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Acción Popular anticipan una intervención para desmantelar la autonomía del Ministerio Público y someterlo a la hegemonía parlamentaria que gobierna actualmente.

La naturaleza de la medida lo revela todo. Los fiscales señalados han llevado investigaciones que comprometen a las mismas bancadas que hoy impulsan su expulsión. Su inhabilitación responde al imperativo político de eliminar a quienes obstaculizan la consolidación del pacto autoritario-parlamentario que opera ya como un régimen paralelo dentro del Estado.

La ejecución de esta nueva ofensiva contra la Fiscalía tiene un objetivo medular: capturar la sucesión fiscal. Al inhabilitar a cuatro fiscales supremos, se abre un vacío que deberá ser resuelto por la Junta Nacional de Justicia, hoy cooptada por la mayoría congresal.

Y lo que más preocupa es el paralelismo histórico que a estas alturas resulta ineludible. Durante los últimos años de la dictadura de Alberto Fujimori, el Ministerio Público fue puesto al servicio del régimen. En aquel entonces, dicha cooptación permitió el archivamiento de casos de corrupción, la persecución de opositores y la manipulación de investigaciones.

Sin embargo, la única diferencia es que, en aquel entonces, la captura fue ejecutiva. Hoy, la arremetida proviene del Legislativo, que busca gobernar sin contrapesos y reescribir las reglas del juego político para beneficio propio.

Las implicancias para la democracia son profundas y tangibles. La aproximación de las elecciones de 2026 convierte este asalto institucional en una maniobra estratégica, ya que un Ministerio Público intervenido se convertiría en una institución incapaz de perseguir los delitos, como, por ejemplo, investigar el financiamiento ilícito.

La historia ya nos mostró cómo termina un Estado cuando la justicia es sometida a intereses políticos. Hoy, esa historia vuelve, y lo hace con la precisión de un guion que algunos están decididos a repetir.