Perú y la OCDE: avances, desafíos y tareas pendientes rumbo a la adhesión en 2026, por Kurt Burneo

La adhesión del Perú a la OCDE, no obstante sus implicancias previas, ha sido muchas veces banalizada, dejándola circunscrita al mundo de los diplomáticos, y ello es un error. El Perú, desde el año 2022, luego de ser formalmente invitado para iniciar un proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ha tenido varios altibajos en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones planteadas en distintos momentos. Sabemos que esta posibilidad de adhesión pasa por la adopción de las mejores prácticas y estándares de la OCDE, siendo lo resultante un país más eficiente, con mejores políticas públicas y servicios públicos de calidad en áreas vitales como salud, educación y medio ambiente, en la perspectiva de orientarnos como país no solo al logro del crecimiento, sino al desarrollo económico y social inclusivo y sostenible.
Pero el asunto va más allá de lograr la adhesión per se, dado que lo importante es replicar sostenidamente en el tiempo buenas prácticas de gobernanza pública desarrolladas por los países de la OCDE. Trataré a continuación estos asuntos en un abordaje preliminar.

¿Qué es la OCDE? Es un foro global que promueve políticas para preservar las libertades individuales y mejorar el bienestar económico y social de las personas en todo el mundo. El Perú fue invitado en el 2022 a iniciar el proceso de adhesión a este organismo, convirtiéndose en país candidato, estableciéndose la constitución de una comisión multisectorial que organice y supervise el proceso. En el 2023, el Perú presentó como punto de partida una evaluación de su marco normativo, políticas y prácticas para definir su conformidad con los estándares de la organización. En términos operativos, la OCDE evalúa al país a través de sus comités técnicos, haciendo recomendaciones sobre las reformas requeridas.

En términos operativos, actualmente el país participa con la OCDE en iniciativas relevantes como un proyecto de tratamiento a la elusión fiscal, comprometiéndose a cumplir con estándares fiscales internacionales. Igualmente, en las áreas de integridad y transparencia, la OCDE ha emitido diversos informes y recomendaciones, habiendo presentado en el 2023 el primer Estudio Económico del Perú, señalando áreas de mejora pendientes como la disciplina fiscal, la formalidad laboral y la calidad de la educación.

La semana pasada, la OCDE presentó un nuevo informe enfatizando en asuntos como la disciplina fiscal y la credibilidad macroeconómica, con un PBI que crecería solo 2,8 % en el 2025 y 2,6 % en el 2026, lo que refuerza la urgencia de recuperar credibilidad fiscal. También plantea que, sobre el financiamiento e inclusión productiva, hay un limitado acceso al crédito que restringe la inversión y la productividad, especialmente de las pymes. Altas tasas de interés, escasas garantías y la informalidad las excluyen del financiamiento formal. Se refiere, además, a que en el área de capital humano y transición verde, la informalidad y las brechas educativas y de género frenan la movilidad social intergeneracional.

El informe señala, finalmente, que elevar los niveles de vida requiere una agenda integral que combine disciplina fiscal, financiamiento inclusivo, capital humano fortalecido y transición verde. Además, señala que el fortalecimiento del Estado de derecho, la política monetaria, la exposición a riesgos externos, la lucha contra la corrupción, la eficiencia del gasto público y la gobernanza subnacional son esenciales para asegurar un impacto duradero y acelerar la convergencia del Perú con los estándares de la OCDE.

Por lo señalado, teniendo mucho de sentido común los planteamientos de la OCDE en cuanto a las áreas pendientes de mejora, es que tan o más importante que la incorporación efectiva del Perú en este organismo —que puede demorar incluso cumpliendo las recomendaciones establecidas—, lo fundamental y necesario es replicar las buenas prácticas de gobernanza pública propuestas. Pero, tal como van las cosas en el país, esta será una de las principales tareas para la nueva administración en julio del 2026.