Pacto destruye el “milagro” económico peruano

Durante dos décadas, el Perú es citado como ejemplo de estabilidad macroeconómica en América Latina. Diversos organismos multilaterales destacaban que, aun con desigualdades persistentes que deben corregirse, el país había logrado erigir un modelo de gestión pública basado en el respeto a la disciplina fiscal y a reglas claras de responsabilidad institucional.

Esa “regla fiscal” —término técnico que en esencia significa no gastar más de lo que el Estado puede financiar de manera sostenible y obtener ingresos tributarios suficientes para mantener sus inversiones en políticas públicas— fue el cimiento de un ciclo virtuoso: permitió reducir la deuda, mantener déficits controlados, asegurar credibilidad ante los mercados y proteger el erario público de los vaivenes políticos.

En términos históricos, el Perú sostuvo, entre 2000 y 2019, déficits fiscales promedio cercanos al 0,6 % del PBI, una cifra envidiable en la región. Esa prudencia consolidó lo que muchos llamaron, no sin mérito, “el milagro económico peruano”: crecimiento sostenido, inflación baja y una resiliencia que permitió atravesar crisis globales sin colapsar.

Aun en medio de la errática administración del expresidente Pedro Castillo, el Ministerio de Economía y Finanzas procuró preservar ese marco institucional. Pero con la llegada de Dina Boluarte, sostenida por una coalición parlamentaria autoritaria y mercantilista, se disparó el gasto corriente, se relajaron los límites de la regla fiscal y se legisló en favor de beneficios tributarios tales diversos como la erosión en el erario que genera la ley Chlimper y el incremento injustificado del gasto corriente del Congreso.

El resultado: un Estado que gasta más, produce menos y pierde capacidad de corrección, convirtiendo al país en una de las economías con menos recaudación en América Latina.

El propio presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, ha señalado que si bien el déficit fiscal proyectado para 2025 —en torno al 2,4 % del PBI— puede parecer “manejable” frente a otros países de la región,  es insostenible. Más aún, Velarde ha advertido que las recientes leyes de incremento del gasto público “erosionan las finanzas” del Estado y que, sin disciplina, “la euforia de la bonanza puede anteceder una crisis”.

El pacto parlamentario que hoy sostiene al Ejecutivo ha confundido márgenes de ingresos sostenidos producidos por los precios altos de commodities con bonanza. De no corregirse pronto lo que hoy tratan de hacer ver como un nuevo ciclo de prosperidad, será una burbuja de tiempo. Cuando ese ciclo, inevitablemente, se revierta —como ocurre siempre—, el espejismo de liquidez se evaporará y quedará al descubierto la magnitud del daño: un aparato estatal sin ahorro, sin margen fiscal y con una ciudadanía cada vez más desconfiada de la capacidad del Estado para administrar el bien común.

De esa manera, la destrucción de esa disciplina fiscal en nombre del cortoplacismo parlamentario equivale a dinamitar la base misma de la gobernabilidad que en periodos de crisis como la pandemia impidió que el país caiga en la debacle.

Son los mismos defensores del modelo neoliberal instaurado en la dictadura fujimorista quienes han capturado el Estado por una clase política que usan el poder como botín. Y lo que hoy parece sostenido por el viento favorable de los mercados internacionales, mañana, como todo ciclo, si no se corrige en las próximas elecciones, puede convertirse en la factura más costosa de nuestra historia republicana reciente.