El reto ciudadano ante el continuismo mafioso del pacto, por Rudecindo Vega Carreazo

La mafia gubernamental del Congreso y el Ejecutivo continuará. Botaron (vacancia es un eufemismo) por unanimidad a Dina Boluarte, con 20 votos más que a Pedro Castillo: sacaron a su títere del Ejecutivo. “La primera presidenta mujer y provinciana del Perú” fue la primera presidenta vacada, y ojalá sea la única que termine en la cárcel. En su lugar han puesto a otro títere, un manejable parlamentario sin experiencia gubernamental ni lustre profesional, procesado por violación sexual y varios delitos. Además, han asegurado, para dirigir el Congreso, a un inteligente asalariado fujimorista, cuyos escrúpulos antifujimoristas dejó en el pasado.

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La mafia gubernamental se ha fortalecido con la vacancia. Viene recargada para continuar destruyendo la institucionalidad democrática, manejar y dirigir las elecciones y procurar su reelección gubernamental y congresal. La “yunta presidencial” Jerí–Rospigliosi es expresión de la “parlamentocracia criminal”, del gobierno congresal infestado por organizaciones criminales llamadas partidos. La vacancia de Dina y Nicanor, la pareja presidencial fraternal, supo a milagro de octubre; la designación de la nueva pareja gubernamental, la “yunta presidencial”, sabe a castigo. Elegir al accesitario parlamentario Jerí como presidente de la República y al accesitario Rospigliosi como presidente del Congreso es una provocación al abrumador desprecio y desaprobación ciudadana.

Jerí, un congresista sin peso político, intelectual, profesional ni experiencia gubernamental, llegó al Congreso por accidente, de chiripazo, sin contar con los votos para acceder directamente; ocupó el espacio del electo e inhabilitado Vizcarra. Hasta Alcaraz le ganó en Lima. En el Congreso se hizo conocido por ser procesado por violación sexual, corrupción, enriquecimiento ilícito, contrataciones públicas ilegales, etc. Fue blindado por el Congreso y, usando su curul, se salvó de ser sentenciado. Ya encarrilado, a pesar de su pequeña bancada, fue electo presidente del Congreso negociando su dependencia con las mafias que gobiernan desde el Parlamento.

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Esas mismas mafias lo han designado como reemplazo de Boluarte. No desean a alguien con criterio propio; necesitan a alguien que puedan manejar o chantajear. Jerí no es un presidente de transición democrática, como lo fueron Paniagua o Sagasti: él es otro títere del continuismo gubernamental mafioso, que podría terminar como Merino. Dina por Jerí es moco por baba.

El fujimorismo decidió culminar su actual período gubernamental poniendo a un fanatizado asalariado suyo en la presidencia del Congreso. La destrucción democrática, el pisoteo de los derechos humanos y la impunidad delictiva están garantizadas. Las pocas islas institucionales independientes serán acechadas y cercadas, las voces disonantes perseguidas, las organizaciones pro derechos ciudadanos amenazadas y silenciadas.

El gobierno fujimorista, desde el Congreso con sus aliados, ha puesto a un títere directo del Parlamento para manejarlo a su antojo y ha decidido jugarse las elecciones con uno de sus fanáticos congresistas, que también llegó de chiripazo, siendo accesitario de Nano Guerra García (+). Qué patética es nuestra historia: la “yunta presidencial” Jerí–Rospigliosi llegó de chiripazo al Congreso y, desde él, de carambola al gobierno. Son la “yunta presidencial accesitaria” que arará el terreno para que la mafia siga gobernando y sea reelecta.

La “yunta presidencial accesitaria” no es un gobierno de transición democrática como el liderado por Paniagua luego de la dictadura fujimorista de los 90, o el de Sagasti luego del golpe congresal de Merino. Es una pareja destinada a fortalecer y consolidar el continuismo del mafioso gobierno congresal y procurar la reelección de las organizaciones criminales y líderes que dirigen el Parlamento.

Será un continuismo recargado, más fuerte y peligroso. Esta vez, a diferencia de Dina y Nicanor, títeres útiles, son dos alfiles parlamentarios que directamente operarán de común acuerdo, como una yunta, desde el Congreso y el Ejecutivo. La continuidad será su signo distintivo. No hay espacio para la esperanza y el cambio, sí para mayor destrucción y preocupación. La mafia gubernamental continúa; la lucha ciudadana continuará también.

Toca al gobierno del continuismo mafioso, ratificar las elecciones en curso, nada más. La esperanza de que sea un gobierno que dé tranquilidad, orden y seguridad electoral se esfumó el mismo instante de su designación. Seguirá inclinando la cancha a su favor y en perjuicio de sus adversarios. No existirá un proceso electoral equilibrado, seguro ni limpio. Fortalecerán el indebido e irregular proceso electoral actual.

El Congreso seguirá metiéndose en las elecciones, el sistema electoral y el sistema de justicia para beneficio propio; seguirá procurando leyes procrimen y proimpunidad. Las elecciones tendrán al crimen y la violencia como protagonistas estelares: organizaciones criminales, procesados y prontuariados que se disputan espacios comunes, arrinconan y asaltan espacios de sus adversarios.

Pero también serán espacio de expresión de la indignación ciudadana y del desprecio del pueblo hacia las autoridades y sus representantes. El 97 % que desaprueba al Congreso y lo responsabilizaba del desastre gubernamental de Dina está muy vivo. Puno casi lincha a Phillip Butters, candidato de Avanza País, y a Rafael López Aliaga, de Renovación Popular; Junín lo hizo con Acuña, de APP; la ciudadanía lo hacía repetidamente, en todo lado, con Dina y sus ministros. Esta nueva provocación congresal con su “yunta presidencial” puede provocar una movilización ciudadana en procura de una recuperación democrática que tanto necesitamos.

La protesta y movilización ciudadana están. No son las de antes, pero están. La masiva y repentina protesta de la “Generación Z” respecto de las pensiones y AFP va articulándose; la caminata del alcalde de Pataz hacia Lima carga una agenda provinciana nacional, crece y cada vez convoca más; la toma de carretera en Cutervo, las marchas convocadas por el SUTEP respecto de su ley de jubilación y otras tantas protestas en el sur tendrán una marcada influencia en el futuro inmediato y en las elecciones del proceso electoral.

El desenlace de nuestra crisis política e institucional no ha terminado; está abierto, a merced del crimen, la violencia y la dignidad ciudadana. La desilusión del continuismo mafioso luego de la vacancia de Dina podría abrigar esperanza de una dignidad ciudadana nacional de reconstrucción en nuestra patria. Si la mafia gubernamental continúa, la lucha ciudadana continúa también.