Territorios liberados, por Rafael Belaúnde Llosa
Recuperar el control de la guerra contra la inseguridad ciudadana, combatir el crimen organizado, formalizar a los mineros que con derecho lo anhelan y erradicar la minería ilegal-criminal es una tarea impostergable.
En los años más aciagos de la guerra contra el terrorismo hubo momentos en los que, en muchas zonas del territorio nacional, el Estado peruano se había replegado, cediendo así el dominio del territorio y el gobierno de la población a la subversión.
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Una figura análoga, aunque causada por el crimen organizado y no por la subversión, ocurre en el estado mexicano de Sinaloa. El poder económico, el poder de fuego y la violencia que ejerce el Cártel de Sinaloa en el territorio y sobre la población son propios de una guerra. Autoridades públicas de todo tipo (nacionales, municipales, judiciales, policiales, etc.) han sido corrompidas o atemorizadas y han claudicado ante el imperio criminal.
En el Perú se viene desarrollando un fenómeno similar. La explosión del crimen organizado en la forma de bandas dedicadas a la extorsión, junto con la penetración del crimen en la minería ilegal, ha generado niveles de violencia y desgobierno propios de los momentos más oscuros de la guerra contra Sendero Luminoso y el MRTA, así como niveles de corrupción en el aparato estatal solo vistos en un narcoestado.
Pataz y Trujillo son quizá los casos más representativos del crecimiento de este fenómeno criminal, que hoy representa, sin lugar a dudas, la mayor amenaza contra la seguridad interna del Perú.
El atentado con explosivos contra una vivienda en la avenida Perú de Trujillo comprueba la conexión entre la violencia criminal y la proliferación descontrolada de la minería ilegal, así como el tráfico clandestino de explosivos que esta genera. Como lo anunció una portada de este diario, se ha determinado que el material explosivo utilizado en el atentado del pasado 14 de agosto —que afectó 173 viviendas, 3 completamente destruidas y 5 con serios daños estructurales— provino de Pataz.
Recuperar el control de la guerra contra la inseguridad ciudadana, combatir el crimen organizado, formalizar a los mineros que con derecho lo anhelan y erradicar la minería ilegal-criminal es una tarea impostergable.
