¿Se puede o no investigar hoy a la Presidenta?, por Las Tejedoras

* Ana Cristina Neyra Zegarra, exministra de Justicia y Derechos Humanos y docente de la Universidad del Pacífico y de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

El martes, el Tribunal Constitucional publicó la sentencia sobre si se puede investigar al Presidente/a mientras está en el cargo. Según lo decidido, es posible con limitaciones. Solo se habilitan algunos actos de investigación, como tomar declaraciones (en Palacio, una o dos veces), realizar pedidos de información o solicitar entrega de documentos, y se prohíben actos que no respeten la dignidad del cargo, el ejercicio de su autoridad o que limiten sus derechos.

La crítica es que el artículo pertinente de la Constitución —117— alude al impedimento de acusar (no de investigar), o que la sentencia no responde a todo el avance interpretativo del Ministerio Público y el Poder Judicial para sustentar la investigación contra presidentes cuya comisión de delitos es cada vez más concurrente con la asunción del cargo (con acusaciones de corrupción y de graves violaciones de derechos humanos).

El Tribunal tampoco explicita cómo infiere que, habilitada la investigación a presidentes/as, debe ineludiblemente suspender las investigaciones iniciadas contra la Presidenta en funciones. Aunque se ha buscado precisar en declaraciones periodísticas posteriores que se le podría investigar por nuevos hechos mientras aún sea Presidenta, la sentencia no lo deja plenamente claro y parecería generar un doble estándar entre la actual mandataria y quienes ejerzan el cargo en el futuro.

En un contexto en que la Presidenta promulga con entusiasmo la ley de amnistía a favor de policías y militares condenados por violaciones de derechos humanos, o designa a un ministro de Justicia probablemente para el retiro del sistema interamericano, el que sea posible la investigación es una señal de que se buscará abstraerla de la impunidad y que asuma responsabilidad, de que ese poder mal ejercido, más pronto que tarde, la hará rendir cuentas política y penalmente.