¿Por qué invisibilizar la religión en el censo?, por Eduardo Romero

(*) E. Eduardo Romero P. es profesor de Religión en la Universidad del Pacífico.

Cuando se hizo pública la cédula del Censo Nacional 2025, vino con la sorpresa de la eliminación de la pregunta sobre religión. Todos los censos nacionales desde 1862 han medido esta variable —salvo uno— pues se trata de una característica esencial para comprender la dinámica del tejido social del país. La única excepción previa, desde los tiempos de Ramón Castilla, fue el censo de 2005, que finalmente se rehízo en 2007. Hasta ahora.

La decisión del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de eliminar esta variable impide que quienes diseñan políticas públicas consideren las dimensiones religiosas de la población en ámbitos como la salud, la educación y el desarrollo social.

En una pandemia como la del COVID-19, por ejemplo, conocer la identidad religiosa de ciertas regiones permite crear estrategias de comunicación y atención diferenciadas en comunidades donde religiones minoritarias son mayoría local.

En ese sentido, saber cómo se distribuyen nuestras identidades no es solo un asunto académico. Contar con datos actualizados permite evaluar con mayor rigor las afirmaciones de políticos que aseguran representar a determinadas minorías. En sociedades en rápida transformación como la nuestra, medir los flujos de la religión es esencial para comprender la dinámica cultural y social.

En 2024, el Tribunal Constitucional determinó que la fórmula de la pregunta sobre religión en el censo de 2017 vulneró el derecho a la reserva de convicciones personales al no ofrecer una opción explícita para no declarar la propia creencia (EXP. N.º 01581-2022-PA/TC). En ese censo, la pregunta número 26 fue: “¿Cuál es su religión?”, con cuatro respuestas predeterminadas: católica, evangélica, otra o ninguna.

A partir de ello, el TC concluyó que “la fórmula interrogativa cuestionada por el recurrente no permitió mantener reserva sobre las convicciones religiosas que invoca, pues no contenía una opción con la que absolver la pregunta sin invadir su esfera personal”. Sin embargo, el mismo fallo asumió que el INEI continuaría incluyendo esta pregunta en futuros censos, y su sentencia acaba exhortando que el INEI incorpore “alternativas suficientes que permitan a los encuestados garantizar su derecho constitucional a guardar reserva sobre sus convicciones”.

En junio de este año, la presidenta del TC, Luz Pacheco, reiteró públicamente que los próximos censos “ofrezcan alternativas suficientes” para esta pregunta. Una solución sencilla habría sido incluir como opción: “Prefiero no responder”.

El censo peruano ha formulado históricamente la pregunta sobre religión en términos de identidad, es decir, con cuál religión se identifica la persona censada. (La única excepción fue el censo de 1972, que preguntó: “¿Qué religión profesa usted?”). No se trata de declarar una creencia ni una práctica religiosa, sino de reconocer una identidad social, como ocurre con la autoidentificación étnica o el idioma materno. Desde los años cincuenta, tanto las Naciones Unidas como la CEPAL han sostenido que variables como etnicidad, idioma y religión son fundamentales para comprender procesos sociales y vincularlos con otros indicadores censales.

A veces, las preguntas de un censo se ajustan por razones de espacio, presupuesto o relevancia. Sin embargo, el censo de 2025 contiene 66 preguntas, cinco más que en 2017, lo que hace difícil sostener que se trata de un problema técnico.

En el contexto internacional, Brasil incluyó esta medición en su censo de 2022, Chile en 2024 y México en 2020. Junto con el Perú, estos países han medido la identidad religiosa en sus censos desde el siglo XIX, siendo nuestro país el pionero en América Latina. Lo hacen porque ninguna encuesta permite captar con la misma precisión ni representatividad la diversidad nacional, región por región, distrito por distrito. El censo chileno de 2024 reincorporó la medición de la religión, luego de haberla omitido en 2017. Hace un mes se publicaron sus resultados, y muestran, por ejemplo, que un 26% de su población declaró no tener religión o credo, una cifra que en 2002 era menor al 10%.

Hay encuestas que también miden la religión, pero se basan en muestras representativas. Encuestadoras como CPI o Ipsos consultan a centenares de personas, mientras que grupos como Latinobarómetro o la Encuesta Mundial de Valores trabajan con muestras de dos o tres mil casos, apenas suficientes para obtener tendencias generales a nivel nacional.

No siempre miden la religión como identidad; a veces se enfocan en la práctica religiosa o en la confianza en instituciones religiosas. Pero las encuestas permiten entender poco sobre patrones demográficos o variaciones subnacionales.

El censo peruano de 2017 mostró que la población católica representaba aproximadamente el 76% de la población nacional, y la evangélica, alrededor del 14%, estadísticas confirmadas por diversas encuestas. Sin embargo, solo el censo reveló que la población católica en Arequipa y Piura se situaba justo por debajo del 90%, mientras que los evangélicos representaban casi el 30% en Huánuco y Ucayali. Las encuestas tienen su utilidad, proporcionando datos agregados nacionales, pero carecen de información sobre las geografías desiguales con coberturas comparativas a nivel local o departamental.

Excluir la religión nos hace perder una comparabilidad importante en nuestros censos. Invisibiliza los cambios en la sociedad y niega a quienes diseñan políticas públicas, así como a investigadores, una herramienta clave para comprender la realidad del país. Y lo hace no solo respecto a los cambios entre identidades religiosas, sino también frente al crecimiento de quienes ya no se identifican con ninguna religión. Para una nación que ha liderado históricamente la región en la recolección de datos socio-religiosos, una supuesta simple omisión genera una falta de datos permanente.

Los censos no solo cuentan personas; también ayudan a explicar quiénes somos como sociedad y cómo estamos cambiando. Si no es posible restituir la pregunta este mismo año, recuperarla en el próximo censo sería imprescindible: un acto de responsabilidad pública. En un país tan diverso, en constante transformación y con profundas desigualdades, necesitamos más información, no menos.