La justicia no puede estar en manos de quien la deshonra

La permanencia de Gino Ríos Patio en la presidencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) constituye una afrenta intolerable. Su designación, pese a contar con una sentencia por violencia psicológica contra su exesposa, compromete gravemente la legitimidad de la institución encargada de nombrar, ratificar y sancionar a jueces y fiscales en el país.

Resulta inconcebible que la Comisión Especial responsable de su elección no haya considerado como impedimento insalvable una condena judicial en su contra. Dicha comisión fue presidida por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.

La documentación judicial presentada por la excónyuge de Ríos contenía cartas notariales con expresiones violentas y denigrantes.

No se trató de una acusación infundada ni de un expediente archivado, sino de una condena que el propio Ríos aceptó. A pesar de ello, fue calificado con notas sobresalientes por la comisión y, en noviembre de 2024, asumió la presidencia de la JNJ.

El Ministerio Público ha iniciado diligencias para determinar si los miembros de la Comisión Especial conocían la sentencia condenatoria. También busca establecer si fue Gino Ríos quien ocultó deliberadamente sus antecedentes.

En el Perú, la violencia contra las mujeres ejercida por sus parejas o exparejas —que corresponde al 60,4% del total de denuncias— sigue siendo una de las formas más persistentes de agresión. Solo en el último año, más 61.000 mujeres denunciaron haber sido víctimas de violencia familiar (MIMP, 2025).

Sin embargo, estas cifras apenas revelan la verdadera dimensión del problema. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2024), solo alrededor del 29% de las mujeres que sufren agresiones buscaron ayuda institucional.

En ese contexto, mantener a un condenado por violencia psicológica en la más alta instancia de vigilancia del sistema de justicia es intolerable. Además, constituye un mensaje devastador para todas aquellas mujeres que luchan cada día por sobrevivir en medio del silencio y la impunidad,  la cual sigue siendo sistemática en muchos casos en el Perú.