Congreso prepara el asalto final a la Fiscalía

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso ha decidido admitir a trámite una denuncia contra los miembros de la Junta de Fiscales Supremos.

Como ha dejado claro con las recientes acusaciones constitucionales contra enemigos políticos, la coalición autoritaria parlamentaria no tiene ningún interés por defender el Estado de derecho.

No obstante, esta aprobación encubre una maniobra política que tiene como finalidad capturar una de las instituciones claves del sistema de justicia, como es el Ministerio Público.

Los fiscales supremos, en el ejercicio legítimo de su autonomía constitucional, decidieron no acatar una resolución ilegal de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que pretendía reponer en el cargo —a la fuerza— a una exfiscal de la Nación con sanciones previas por su conducta funcional.

Pero ahora ese ejercicio de autonomía ha sido interpretado como una falta grave, susceptible de sanción constitucional, por quienes han interpuesto la acusación constitucional. En este caso, Renovación Popular, el partido de Rafael López Aliaga.

Lo que está en juego no es menor.

Se da en un contexto de elecciones generales en ciernes, donde el control de los órganos de justicia penal se vuelve estratégicamente crucial para quienes aspiran a blindarse o eliminar adversarios.

En ese sentido, la reinstalación de una exfiscal aliada de la coalición que gobierna desde el Parlamento sería el primer paso.

En ese camino, el siguiente, mucho más grave, sería convertir al Ministerio Público en una extensión del poder parlamentario, lo que anula cualquier posibilidad de investigación imparcial sobre corrupción, lavado de activos o abuso de poder.

Por eso, esta acusación fue aprobada por 11 de 16 votos de la SAC, con el apoyo irrestricto de Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Perú Libre. Partidos cuyos líderes tienen carpetas fiscales que dificultan su carrera electoral.

Lo que presenciamos es un intento deliberado de consolidar una dictadura parlamentaria bajo ropajes institucionales.

No se trata solo de una crisis institucional más, sino de la posible anulación definitiva del equilibrio de poderes en Perú. Lo que el Congreso está perpetrando, bajo el pretexto de fiscalizar, es un golpe institucional gradual.