Contralor emite directiva que beneficia a la corrupción

A través de una norma publicada por el contralor general de la República, César Enrique Aguilar Surichaqui, se conoció que la entidad que dirige suspenderá la publicación de los informes de control público por un año. Es una decisión gravísima.

La medida sin sustento técnico indica, además de la renuncia de la responsabilidad constitucional que tiene la CGR de fiscalizar la ejecución del gasto público, la intención de ocultar información clave en plena ciclo electoral en el Perú.

Con esta decisión se logra, en primer lugar, encubrir todo tipo de mal manejo de los recursos públicos, e incluso actos de corrupción, en todos los niveles del aparato estatal. De este modo, se configura un escenario propicio para el festín de la corrupción, muy similar al impuesto por el parlamento copado por la dictadura durante el régimen fujimorista de los años 90.

Incluso, los funcionarios responsables de ministerios y oficinas gubernamentales quedarán sin alertas ni fiscalización, operando a ciegas y sin consecuencias inmediatas.

Esta decisión, a todas luces disparatada, beneficia directamente a quienes forman parte de la actual coalición de poder. Así, el contralor se suma a la coalición gobernante encabezada por Dina Boluarte, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Perú Libre.

Hace menos de dos meses, la CGR expresó reparos ante grandes contrataciones realizadas por las Fuerzas Armadas, como la compra de 10,000 fusiles ARAD 7 para el Ejército. Recientemente, se publicó otro informe que revela un gasto dudoso de 90 millones de soles para la reparación de cuatro helicópteros militares. Estas decisiones, sumadas al silencio que se impone con la suspensión de los informes de control, crean las condiciones para la “tormenta perfecta”, en la que un Estado debilitado clama por sobrevivir.

Todo esto ocurre mientras el Ministerio de Economía y Finanzas modifica arbitrariamente los límites del gasto fiscal, permitiendo que el endeudamiento y el gasto público se incrementen a niveles que el Estado no podrá seguir ni controlar, especialmente si la Contraloría abdica de sus funciones.

De forma errática, la Contraloría intentó confundir a la ciudadanía con un comunicado ambiguo que, en el fondo, reafirma lo que hoy denunciamos en este editorial: una medida de extrema gravedad. La justicia deberá regresar a este episodio para esclarecer los verdaderos motivos que impulsaron una decisión tan sospechosa e insensata a la vez.