Perú Libre alista persecución contra jueces y fiscales

Un ataque sistemático contra la administración de justicia viene afectando al Estado de derecho en el Perú. El día de ayer, la congresista de Perú Libre Kelly Portalatino presentó ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento su proyecto de ley, que tiene como principal objetivo capturar el sistema de justicia para perseguir a quienes lo administran.

El PL 3309/2022, denominado ley contra la persecución judicial y el indebido uso del derecho como arma política, plantea incorporar un nuevo texto al artículo 418-A del Código Penal. En él se establece que jueces, fiscales o cualquier autoridad política o administrativa que “instrumentalice la justicia por influencia política o de los medios de comunicación” serán reprimidos con una pena privativa de libertad.

La redacción, que es ambigua, abre la puerta a interpretaciones peligrosas, que tienen como principal objetivo intimidar y silenciar a aquellos administradores de justicia que investigan o sancionan delitos, no el poder.

Frente a esta situación, el Poder Judicial y el Ministerio Público han señalado que no existe justificación jurídica ni constitucional para la aprobación de esta ley. Afirman que en caso de que un juez o fiscal no se allane exclusivamente a las leyes, ya pueden ser denunciados por cometer delitos tales como prevaricato, abuso de autoridad, denuncia calumniosa y fraude procesal. En otras palabras, si un magistrado antepone intereses políticos a la ley, ya puede ser sancionado con el marco legal vigente.

Apenas un día antes, la Comisión de Constitución, presidida por el fujimorismo, aprobó un predictamen que busca restablecer la inmunidad parlamentaria, incluso para delitos comunes, con lo cual se blinda a los legisladores frente a investigaciones judiciales.

Además, vale la pena anotar que la autora de la propuesta pertenezca al partido Perú Libre, cuyo líder, Vladimir Cerrón, lleva casi 600 días prófugo de la justicia. No resulta menor el hecho de que la narrativa del proyecto se alinee con las ideas que Cerrón difunde desde la clandestinidad, buscando desacreditar y deslegitimar al sistema judicial que hoy lo requiere ante la ley.

Por ello, esta propuesta no solo es innecesaria, sino que revela una intención clara de intimidar al sistema de justicia y de obstaculizar su función esencial: aplicar la ley sin interferencias externas.