Digemid, Sanna y Medifarma cometen negligencia mortal

Esta situación que aún no estaba controlada al 100% pone en evidencia una alarmante cadena de negligencia y falta de responsabilidad por parte de las autoridades públicas y las empresas involucradas.

Vale decir que principalmente, la ineficacia en la comunicación y la tardanza en las alertas sanitarias han contribuido a un escenario que podría haberse evitado.

Los primeros casos de muertes en la clínica de Trujillo, reportados hace casi un mes, deberían haber activado una respuesta inmediata y contundente. Sin embargo, fue solo hace cuatro días cuando Digemid emitió una alerta sanitaria.

¿Cómo es posible que la entidad encargada de la supervisión de la salud pública haya demorado tanto en actuar ante un riesgo evidente? Esta falta de acción oportuna no solo es indignante, sino que es, en sí misma, una negligencia mortal.

La situación se complica aún más al conocer que, del total de 12 mil unidades distribuidas del lote en cuestión, 4 mil aún no han sido ubicadas.

Las clínicas Sanna y el laboratorio Medifarma se han enredado en un juego de acusaciones mutuas, en lugar de asumir la responsabilidad que les corresponde. Esta falta de colaboración y transparencia en la gestión de crisis debe ser inaceptable.

La cuestión de fondo es que más allá de las disputas internas, lo que está en juego es la vida y la salud de los pacientes, quienes son los verdaderos afectados en este escenario.

Como ocurrió hace menos de un mes en la tragedia en el Real Plaza en Trujillo, esta nueva negligencia tiene un impacto profundo en la sociedad peruana. Cada vida perdida no es solo una estadística, sino un ser querido que deja un vacío irreparable en sus familias y en la comunidad.

Es urgente que además de encontrar responsables se establezcan mecanismos ágiles que aseguren que situaciones como esta, al igual que la caída del techo del centro comercial Real Plaza en Trujillo, jamás vuelvan a ocurrir en la historia del Perú.

La salud de los ciudadanos no puede estar en riesgo por la falta de acción de las autoridades. Los pacientes tienen derecho a recibir productos seguros y efectivos, y la responsabilidad recae en las entidades encargadas de velar por su bienestar.