Alianza gobernante condena a muerte a los peruanos

La violencia desmedida que azota al Perú es inaudita. Cada día, seis ciudadanos se convierten en estadísticas de una realidad que se ha vuelto insostenible. Con más de 1.800 homicidios en los 300 días de gestión del ministro Juan José Santiváñez —de los más de 4.000 acaecidos desde que asumió como presidenta Dina Boluarte—, el país se enfrenta a una ola de criminalidad sin precedentes.

Los peruanos, cansados de vivir con miedo, exigen respuestas y soluciones efectivas, pero lo que reciben a cambio son promesas vacías y un juego político que no hace más que profundizar la crisis.

El asesinato del cantante Paul Flores, vocalista de Armonía 10, es solo un eco más de la desgracia a la que está expuesta la ciudadanía gracias a la inoperancia del Gobierno que, como es evidente, no es comandado por la señora Boluarte.

Hay que ser claros: la responsabilidad recae sobre quienes están en el poder. La actual alianza gobernante ha legislado en favor de intereses que no son los de la ciudadanía.

Este trágico evento no solo resalta la fragilidad de la seguridad en el país, sino que también expone la hipocresía de aquellos que, en lugar de buscar soluciones, utilizan la tragedia como un trampolín para capitalizar políticamente.

Las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso han pedido la renuncia del ministro Santiváñez, pero su propia inacción y falta de compromiso son evidentes. No solo no firmaron las numerosas mociones de censura que podrían haber contribuido a un cambio, sino que han respaldado de múltiples maneras la gestión de Santiváñez como parte del pacto de gobernabilidad que los peruanos observan esperando las siguientes elecciones.

En un país donde el miedo se ha vuelto parte de lo cotidiano, es inadmisible que se sigan ofreciendo soluciones que ya han demostrado ser ineficaces. Estados de emergencia, uso de fuerzas armadas en funciones policiales y la idea de abandonar la Corte Interamericana de Derechos Humanos son propuestas que solo perpetúan la crisis en lugar de resolverla.

La desesperación y el abandono a los que han sumido a la ciudadanía no pueden ser subestimados. Ni la presidenta Boluarte ni el ministro Santiváñez ni los congresistas oportunistas podrán lograr que los peruanos olviden la sentencia a muerte a la que los han obligado a vivir.