Por un mercado sin privilegios, por Rafael Belaúnde Llosa

Ollanta Humala fue el último presidente electo que logró culminar su mandato, pero no exento de severas tensiones que pudieron derivar, incluso, en el cierre constitucional del Congreso.

El 30 de marzo de 2015, el Parlamento censuró a la primer ministra Ana Jara. Era la primera vez -al menos desde la Constitución del 33- que un primer ministro era censurado. Si bien, su sucesor Pedro Cateriano, a través del despliegue de una elaborada filigrana política, logró el voto de confianza y evitó el cierre del Congreso, esto significó una clarinada de alerta ante la seguidilla de tribulaciones políticas que sufriríamos más adelante, la cual inició cuando Keiko -en el 2016- se negó a aceptar los resultados electorales y conspiró para una crisis política total y continua.

Diez años de crisis política ininterrumpidos han generado un enorme costo en la calidad de la gestión del Estado hacia sus ciudadanos, ha provocado la precarización de nuestras instituciones y generado un clima propicio para la corrupción y desgobierno. La marcha de nuestra economía tampoco ha sido inmune a la anarquía política, generando la pérdida de confianza en el país, deteniendo la inversión privada, generando el estancamiento económico y el aumento de la pobreza, desempleo y deterioro de casi todos los indicadores sociales.

El agudizamiento de la crisis política confluyó con el agotamiento de varias variables del modelo económico, imperante desde 1990. Las reformas económicas impulsadas en la primera mitad de esta década tuvieron como eje central derrotar la inflación, sanear las cuentas fiscales, refinanciar la deuda externa y promover la inversión privada. Estas políticas tuvieron éxito en sus objetivos, sobre todo hasta el año 1998, momento en el cual la prioridad del gobierno pasó a ser la re re elección y no la economía del país.

La década del 2000 trajo un nuevo impulso al crecimiento nacional, impulsado por el retorno a la democracia, los mejores precios de los metales y la integración del Perú al comercio internacional, a partir de una mayor apertura comercial y la celebración de tratados de libre comercio. Sin embargo, el gran ausente en este ordenamiento económico fue el ciudadano de a pie, el consumidor.

Las reformas nunca estuvieron pensadas en empoderar al consumidor, sino en favorecer la inversión, sobre todo la de gran envergadura, el gran capital, bajo la lógica que se requería inversión para crecer y, por lo tanto, se requería dar incentivos para la gran inversión.

Así fuimos a un sistema que, efectivamente, trajo las inversiones que se buscaban, pero a costa de tener monopolios, mercados concertados, abuso de posición de dominio, entre otros.

Esta situación ha generado una economía nacional que ha entregado los resultados buscados a la macroeconomía, pero generado, también, una economía de privilegiados versus excluidos. Un sector, socio económico y geográfico integrado en la modernidad y otro sumido en el atraso y el olvido.

La combinación de estos dos factores (aguda crisis política e inmovilidad socioeconómica) han sido las semillas para que germinen tesis económicas que se encuentran superadas en la mayoría de países del mundo. Siendo el caso más emblemático el del partido político Marxista, Leninista, Mariateguista Perú Libre, que llevó a la presidencia a Castillo con las votaciones abrumadoras en las zonas rurales y más pobres del país. Esta fue la demostración de que hay algo profundamente equivocado en el funcionamiento del Estado y la economía nacional. Solo así se explica el triunfo de alguien que reivindicaba el modelo venezolano y boliviano.

Hoy que nos acercamos a un nuevo proceso electoral, un sector de la derecha, la más conservadora -y acaso más mercantilista y prebendaria- saliva ante la posibilidad de ir a una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y el Alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, pensando que eso “salvaría” al Perú -y cómo no- perpetuaría sus beneficios y privilegios. Pocas cosas podrían ser peor para el Perú, que un escenario electoral así.

Los peruanos debemos enrumbar un camino de desarrollo, que tenga como pilar la inversión privada, fuente primerísima del crecimiento económico y generación de empleo. Para ello, necesitamos reglas claras, marco normativo predecible y estabilidad política, así mismo debemos de convertirnos en una sociedad amigable para hacer negocios, abrir empresas y desarrollar emprendimientos, esto también demanda un sistema normativo claro y asequible, sobre todo para los más pequeños. Pero lo central es que debemos de ir hacia una economía de mercado, es decir, con competencia y no con privilegios, ni prebendas tributarias. Sin monopolios ni mercados concentrados, con menos barreras a la entrada, con más información, entendiendo que el ciudadano es el soberano de la economía de mercado y no las empresas ni corporaciones.

Entendiendo que las empresas deben obtener sus utilidades en el fragor de la competencia libre y honesta, ofreciendo productos y servicios con mejor calidad y a menor precio que su competencia y no en las ante salas de los ministerios o mediante lobbies congresales.

El rol del Estado debe estar, no en sustituir al mercado, sino en procurar que este exista y funcione en todo el territorio nacional, que los ciudadanos, al margen de su condición socioeconómica o locación geográfica, pueda participar de él. Más mercado en favor de la gente es fomentar más competencia, es mejorar la infraestructura, dotar de salud y educación a los peruanos, tener una base institucional, normativa y fiscalizadora sólida, que promueva la integración y movilidad social.

Un balotaje Fujimori-López Aliaga solo profundizaría la grieta que hoy fractura nuestra sociedad, perpetuando en un país de muchos, una economía para pocos.