La firma del Dictador, por Rafael Belaúnde Llosa

La Comisión Permanente del Congreso, haciendo gala de la miopía histórica y torpeza que caracteriza al actual Parlamento, decidió restituir la firma del dictador Alberto Fujimori a la Constitución de 1993.

La firma del autócrata había sido suprimida de la Carta Magna, en el 2001, como un acto de profilaxis moral y reivindicación de nuestra dignidad democrática, tras la huida de Fujimori al Japón y su infame renuncia por FAX.

Desde setiembre del 2000, los peruanos fuimos testigos, a través de los Vladivideos, de la podredumbre ética, democrática y moral del gobierno. Evidenciamos cómo, tras una aparente formalidad “democrática”, la cleptocracia fujimorista controlaba -a punta del uso indebido de dinero del tesoro, el chantaje y agresiones contra la vida- todos los estamentos del Estado.

El sometimiento a los dictados de Fujimori y Montesinos fue absoluto, tanto en el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, las FF.AA., congresistas oficialistas y tránsfugas coimeados de “oposición”.

En ese mismo sentido, se compró, desviando ilegalmente dinero del Estado, la línea editorial de muchos medios de comunicación que se dedicaban (siguiendo un libreto entregado por el régimen) a mentir y tirar basura contra la oposición democrática.

En los hechos y salvo por el desempeño económico, vivíamos una dictadura como la que vemos hoy en Venezuela o Nicaragua.

Desde el Japón, Fujimori se proclama japonés y decide postular al Senado, ofreciendo incluso -de ser necesario- dar la vida por el Japón.

Extraditado desde Chile, Fujimori fue juzgado y condenado.

En dos de los cargos por corrupción, el mismo Fujimori aceptó la acusación fiscal: el pago indebido con dinero del Estado de 15 millones de dólares en efectivo a Montesinos y el ilegal allanamiento a la casa de éste, disfrazando a su Edecán como Fiscal para obstruir la acción de la justicia.

Por memoria y dignidad histórica, la Constitución no puede llevar la firma de un dictador.