El Perú, el gobierno y la cumbre APEC, por Omar Cairo

“Nuestro gobierno ha resuelto no realizar la cumbre de APEC que estaba programada para el mes de noviembre”, dijo el presidente de Chile en octubre de 2019, ante el estallido social que sacudía a ese país. “Sentimos y lamentamos profundamente los problemas y los inconvenientes que esta decisión va a significar” para la APEC, pero “como presidente de todos los chilenos, tengo siempre que poner” sus problemas, sus intereses, “sus necesidades, sus anhelos y sus esperanzas, primeros en la fila”, concluyó Sebastián Piñera.

En el Perú, en cambio, en medio de una inseguridad interna desbordante y con los servicios de educación y salud pública en escombros, el gobierno está decidido a realizar esta semana, a cualquier costo, la cumbre APEC en Lima. Con la finalidad de maquillar el desastre nacional, ha dispuesto la suspensión de las clases presenciales escolares y universitarias durante los días lunes, martes y miércoles de esta semana. Lamentablemente, no ha puesto “primeros en la fila” a los intereses, necesidades, anhelos y esperanzas de millones de estudiantes peruanos.

Seremos sede del foro APEC, un “evento que pone a nuestro país en los ojos del mundo”, exclamó la presidenta Boluarte. También expresó su seguridad de “que la labor conjunta de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional dará como resultado un foro APEC 2024 exitoso y una imagen de unidad y fortaleza que será muy positiva para el Perú y para el mundo”. Indudablemente, el gobierno continúa de espaldas al país.

A la presidenta de la República (artículo 118 de la Constitución) le corresponde dirigir la política de gobierno y velar por el orden interno. En consecuencia, la terrible realidad en que se encuentran la seguridad interior y los servicios públicos básicos en el Perú es una expresión indiscutible del fracaso presidencial.

Como, según nuestro ordenamiento constitucional, la presidenta no tiene responsabilidad política, el Congreso no puede destituirla invocando como motivo su disconformidad con la gestión gubernamental. Quienes soportan esta responsabilidad son los ministros de Estado (artículo 132 de la Constitución), y los congresistas pueden hacerla efectiva separándolos de sus cargos mediante la aprobación de una moción de censura.

Sin embargo, más allá de vociferar críticas altisonantes, los parlamentarios no han censurado a ningún ministro. En consecuencia, desde el punto de vista institucional, están mostrando ante la ciudadanía su conformidad con los dramáticos desaciertos en los que incurre constantemente el gobierno.

Es probable que, mientras más se aproximen las elecciones generales de 2026, esta situación empiece a cambiar. Para no perjudicar sus posibilidades de reelección, una mayoría de parlamentarios puede mostrarse decidida a separar de su cargo a una presidenta cuya desaprobación ya supera el 90 %. La declaración de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, prevista en el artículo 113 inciso 2 de la Constitución, no es un mecanismo válido para hacerlo, porque esta no constituye un castigo a la ineptitud ni a la inmoralidad, sino solamente una constatación de la falta de capacidad mental de un gobernante para continuar ejerciendo sus funciones.

El procedimiento válido para destituir a un presidente de la República es el Juicio Político por infracción constitucional. Según los artículos 99 y 100 de la Constitución, la Comisión Permanente del Congreso puede acusar a la presidenta imputándole la comisión de una o más infracciones constitucionales. El Pleno, por su parte, con la votación favorable de dos tercios del número legal de congresistas (sin participación de la Comisión Permanente), puede imponerle como sanción la destitución de su cargo. En esa hipótesis, el presidente del Congreso de la República asumiría el gobierno y, por mandato del artículo 115 de la Constitución, estaría obligado a convocar inmediatamente a elecciones presidenciales y parlamentarias.

A causa de la inseguridad interna, este jueves la presidenta Boluarte y el presidente de China inaugurarán el megapuerto de Chancay, pero desde una computadora ubicada en Lima Metropolitana. Mientras tanto, los invitados a la cumbre APEC verán directamente la triste realidad peruana. Con todos los reflectores del mundo colocados sobre nuestro país, ningún disfraz alcanzará para ocultarla.