Desgobierno y la tentación del autoritarismo, por Javier Herrera

Parafraseando el Manifiesto Comunista de Marx, podemos decir que un fantasma recorre el Perú, el fantasma del autoritarismo. Autoritarismo que caracteriza la gestión del gobierno y del congreso que rehúyen rendir cuentas, se intenta criminalizar las protestas e imponer leyes contrarias a las necesidades de la población. Pero, al mismo tiempo, cuando se extiende el sentimiento que la democracia no funciona para resolver los problemas de la población, que cada vez se tiene menos confianza en las instituciones y se instala el sentimiento de desclasamiento y ausencia de mejores perspectivas económicas, las preferencias por un gobierno autoritario ganan terreno. ¿Qué evidencias tenemos de que ello podría estar ocurriendo? ¿qué proporciones alcanzan esos fenómenos? Los recientes datos sobre gobernabilidad de la ENAHO nos permiten de dar una primera respuesta.

Para comenzar, según datos de la Defensoría del Pueblo, la conflictividad social se ha agudizado significativamente desde la llegada del gobierno de Castillo en 2021. Los conflictos registrados aumentaron en un 13% entre 2021 y 2023 (de 2350 a 2656) y la proporción de los conflictos activos aumentó, pasando de 72.9% a 78.4% del total, evidenciando así la débil capacidad del gobierno en dar solución a los reclamos de la población. Ante la incapacidad de los llamados partidos políticos de intermediar las demandas de la población, el descontento se expresa directamente en las calles. Como consecuencia, el número de protestas más que se duplicó en el mismo periodo (de 2418 en 2021 a 4883 en 2023). En lo que va de los primeros siete meses del año, ya se han producido el equivalente de 86.7% del total de protestas registradas en todo el 2021.

En el primer semestre de este año, la corrupción sigue siendo considerada como el principal problema del país por más de la mitad de la población (54.9%, 4.1 puntos más que en el mismo periodo de 2022). La confianza en los partidos políticos ha llegado a un punto tan bajo que ya casi no es posible distinguirla de cero (2.8%, menos de 3 de cada 100 confía en los partidos). Lo mismo se puede decir del Congreso cuya mala reputación es casi un pleonasmo (tan sólo 4.8% confía). Ambas instituciones se han ganado a pulso la más baja confianza de la población entre todas las instituciones.

Los desafíos para el gobierno, en sus distintos niveles, es muy grande y los resultados dependerán de la eficacia con la que los enfrente. Los distintos gobiernos nunca han brillado por su buena gestión, pero la calidad de la gestión gobierno central, a juicio de la población no ha cesado de empeorar. Si en el 2022, ya dos tercios de la población (66.1%) la consideraba como mala o muy mala, en el 2023 eran 75.9% y en la primera mitad del 2024 este era el caso para el 81.3% de la población. En suma, estábamos mal pero ahora estamos peor en materia de gobernabilidad.

Las tímidas mejoras en los indicadores macroeconómicos aún no son perceptibles por la población en sus propias condiciones de vida. Respecto al 2023, en el primer semestre de 2024 disminuye ligeramente la proporción de los que vieron sus condiciones de vida deteriorarse (de 29.2% a 26.5%, 2.7pts menos), pero no hubo variación significativa (+0.3) en los que declararon que mejoraron, proporción que se mantienen en alrededor de 11%. En balance, si restamos los que mejoran y los que empeoran, podemos decir que se está empeorando a menor ritmo. Antes que una mejora tenemos pues una desaceleración en el ritmo al que han venido empeorando las condiciones de vida. Esto, además de no ser un logro en sí, no constituye aún un punto de inflexión en las trayectorias de los hogares. Mantenerse en los mismos niveles significa para muchos permanecer con los elevados niveles de insatisfacción de sus necesidades alimentarias y de salud, por citar las más importantes.

La frustración sobre las perspectivas de mejora en las condiciones de vida proviene de la percepción de que uno, en lugar de progresar, se estanca o retrocede. Ello es peor, en el caso de que uno perciba que los hogares de su entorno mejoran mientras que el de uno mismo estanca o empeora. A la frustración de las expectativas defraudadas le sigue el sentimiento de injusticia y de allí, en un país con políticos descreditados, a la manifestación del descontento en las calles no hay más que un paso.

Desde el 2021, hay una proporción cada vez más grande de hogares que considera que los otros hogares de la comunidad mejoraron o mantuvieron sus niveles de vida al mismo tiempo que los suyos empeoraron. En el 2021 un 44.4% de los hogares que habían empeorado juzgaban que los otros hogares habían mantenido o mejorado sus niveles de vida. En el primer semestre de 2024 dicha proporción aumentó en 10 pts., pasando a 54%. Para más de la mitad de dichos hogares, los hogares del entorno mejoraron cuando en su propio hogar les fue peor. Actualmente cunde el sentimiento que a los otros les va mejor cuando a uno mismo le va peor. El sentimiento de desclasamiento también se expresa cuando se piensa que uno ha descendido, de un año a otro, varios peldaños en la escala económica.  Este es el caso para un poco más de un tercio (35.2%) de los que consideraban que pertenecían a los segmentos medios.

Al considerar como principales problemas del país temas como la gobernabilidad y la seguridad ciudadana, que relevan de la acción pública y del buen funcionamiento de las instituciones, el peso de la solución recae en el gobierno. A la frustración sobre el empeoramiento relativo de las condiciones de vida se suman una apreciación cada vez más negativa sobre el funcionamiento de la democracia. En 2024, 70.2% considera que la democracia funciona mal o muy mal, 8.4pts más que en 2021. Para la gran mayoría (85.7%) no hay igualdad ante la ley, las elecciones no son transparentes (79%), no hay libertad de expresión (77.5%) ni libertad para elegir partidos y los candidatos que uno quiere (64.9%). Todos estos indicadores muestran un empeoramiento si los comparamos a la situación en el mismo periodo del 2021.

En 2021, año en que se inicia un nuevo gobierno, las preferencias por un régimen democrático alcanzaron su punto más alto de las últimas dos décadas 2021. Un 75.9% de la población consideraba que un gobierno democrático es siempre preferible. Tres años después, dicha proporción ha caído a 69.4%. El debilitamiento de la preferencia por la democracia tiene su correlato en la mayor proporción de población que, en algunas circunstancias, prefiere un régimen autoritario. Dicha proporción aumentó en 3.5pts entre 2021 y 2024. Es en las ciudades, y la capital en particular, en donde las preferencias por un régimen autoritario aumentaron más, duplicándose prácticamente. Actualmente, cerca de un cuarto (23.5%) de la población de la capital estaría de acuerdo o sería indiferente a que un gobierno autoritario tome las riendas del país (eran 13% en 2021). No debe por ello sorprendernos que ciertos políticos levanten las banderas de la “mano dura” frente al crimen y la corrupción, sin importarles si las medidas propuestas se condicen con el ordenamiento jurídico actual. El “fusilaremos a los políticos corruptos” y el “chapa tu choro y déjalo paralítico” son expresiones que intentan dar una solución expeditiva al problema sin atacar sus causas. Es un discurso peligroso pues, al fin y al cabo, en los ojos de la población pueden tratarse de las mismas personas.