Del terrorismo urbano al terruqueo político, por Hernán Chaparro

El debate sobre el llamado terrorismo urbano ha permitido ver diferentes aspectos de la forma en que entienden la política quienes hoy están en el Ejecutivo y el Legislativo. Se busca negar participación en la cadena de corrupción, expresa una lógica de acción extractiva del ejercicio del poder y revela una cultura autoritaria que busca polarizar para evitar debatir y anular a quienes piensan diferente.

Un aspecto del discurso del terrorismo urbano es que forma parte de una narrativa orientada a poner fuera del escenario a otros actores también involucrados en la compleja red de delincuencia que está presente en la sociedad. Se trata de negar que quienes extorsionan a negocios diversos suelen recibir cobertura de quienes deberían perseguirlos. Dicho de otro modo, estas bandas existen, en parte, porque a su vez ellos pagan cupos a ciertas autoridades. Es cierto que la ley de crimen organizado no es el origen de este problema, aunque lo agrava; pero sus recientes ajustes tampoco garantizan mejoras. La Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial necesitan recursos y, sobre todo, un liderazgo adecuado que lleve a una buena gestión de inteligencia.

Estas instituciones tienen personal corrupto, pero también integrantes que hacen lo mejor que pueden en un entorno donde los recursos son escasos y donde la corrupción campea. Si, por ejemplo, desde las mismas comisarías o departamentos implicados no hay un liderazgo claro y honesto, siempre habrá formas de evadir la ley. De esa reforma no se escucha nada. Solo operativos mal diseñados que ponen en evidencia que hay poco interés en hacer cambios de importancia.

Otro aspecto vinculado a este debate ha sido la resistencia del Congreso a realizar modificaciones a la ley de crimen organizado. Luego de marchas y avisos de nuevas protestas, los congresistas han planteado algunas modificaciones. Es cierto que bajo la ley anterior se han cometido excesos, pero la versión propuesta por las actuales bancadas está pensada, básicamente, para protegerse ellos y a personajes implicados en sus avatares. Ahí está el pedido de Waldemar Cerrón, del abogado Abanto o del congresista Ilich López, que en el último debate expresaba su temor a ser objeto de un allanamiento. En estos días se ha otorgado el premio Nobel de Economía a Daron Acemoglu y James Robinson, profesores de las universidades de MIT y Harvard, por su contribución al entendimiento del rol de las instituciones en el desarrollo económico. Un tema que viene a colación a partir de lo que se observa en nuestro parlamento es que estos académicos plantean que los países se desarrollan porque su crecimiento se distribuye mejor, gracias a que sus instituciones (y las élites que las promueven) son inclusivas. Entienden que, para ganar, necesitan que otros también se beneficien de lo que se consigue. Los países que tienen problemas para desarrollarse, como nosotros, son aquellos cuyas instituciones se han construido y se mantienen a partir del accionar de élites extractivas y excluyentes, que solo actúan en función de sí mismas. En Perú, esto es parte de nuestra historia, pero el deterioro y cinismo con que se ejercen estos mecanismos de exclusión ha cruzado todas las líneas de cuidado posibles.

Lo anterior pone en evidencia que la cultura política de muchos de los grupos en el Congreso se organiza a partir de solo sus propios intereses. Y, para conseguirlo, el mecanismo que se privilegia es la manipulación de los arreglos institucionales. Nada de instituciones inclusivas. Ahí están todas las modificaciones a la Constitución sin consulta alguna. Ahí están los proyectos de ley en el Parlamento para poder intervenir la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y, desde ahí, tomar control del Jurado Nacional de Elecciones y, eventualmente, de la ONPE. Muchas de las decisiones que se toman en el Tribunal Constitucional están en función de lo que buscan las bancadas que pusieron ahí a sus miembros. Algo muy semejante puede o currir si, a través de la manipulación de las elecciones de la JNJ, se controla la JNE y la ONPE. ¿Qué decisiones que afecten directamente el proceso electoral podrán surgir de un JNE u ONPE dirigidos por personas que respondan a las actuales bancadas? Por eso, parece importarles poco lo que las encuestas señalen sobre su nivel de aprobación. No están pensando en ganar en función a ello. Lo que viene ocurriendo con las elecciones en la Universidad de San Marcos es una muestra del espíritu de quienes hoy ejercen el poder.

Por último, el afán de mantener la idea de terrorismo urbano, por parte de algunos grupos como Renovación Popular, Fuerza Popular y el mismo Ejecutivo, muestra una mentalidad autoritaria donde quienes protestan o piensan diferente pueden, fácilmente, terminar siendo asociados al terrorismo. El uso manido del terruqueo. Todos los mencionados proponen que las Fuerzas Armadas intervengan para combatir la delincuencia. En el caso de grupos como Renovación Popular y Fuerza Popular, confirma lo que diversos estudios describen como una derecha radical. Quienes han estudiado el tema en América Latina la describen como una ideología donde, entre otras características, se apoya la consecución de un orden social a partir de acciones de “mano dura” que busca construir, de manera populista, la idea de un enemigo común, que suelen ser aquellos que piensan diferente y que etiquetan como de izquierda, comunistas…terroristas. Desde el gobierno se expresa la misma mentalidad autoritaria que cree que podrá aminorar las protestas de gente que está defendiendo sus negocios y sus vidas, apelando al etiquetamiento y la amenaza. Dina Boluarte no aprende. Comenzó su gobierno terruqueando y parece que así también terminará.