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Opinión

En constante estado de crisis, por Sofia Aron Said

En el Perú, lo que deberían ser emergencias acaban siempre en crisis

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incendios

¿Cuál es La diferencia entre una emergencia y una crisis? Una emergencia es previsible; sabemos que puede ocurrir y, por tanto, podemos planificar y tener los recursos listos para responder. Una crisis, en cambio, nos toma por sorpresa, nos desborda y convierte lo manejable en caos. En el Perú, lo que deberían ser emergencias acaban siempre en crisis, lo cual refleja un Estado que carece de planificación y previsión.

Para evitar que las emergencias se conviertan en crisis, es clave fortalecer dos aspectos de la gestión de riesgo de desastres: la capacidad de respuesta y la prevención. La primera tiene que ver con tener los recursos y el personal listos para actuar de inmediato cuando ocurre un desastre. La prevención, en cambio, implica adelantarse a esos problemas y hacer lo necesario para que no se agraven. Lamentablemente, estamos fallando en ambas áreas. Un claro ejemplo de esto lo observamos en el manejo de los incendios forestales en las últimas semanas. Analicemos ambos aspectos:

En cuanto a la capacidad de respuesta, la intervención fue lenta. A pesar de que ya habían fallecido 15 personas, 1,876 estaban afectadas y más de 2,200 hectáreas de cobertura natural habían sido destruidas, el gobierno insistía con la argumentación de que no había motivos suficientes para declarar el estado de emergencia. Esta declaración no era un simple trámite, sino algo crucial. Hasta que no se declara la emergencia, la responsabilidad de atender el desastre recae en los gobiernos regionales y locales. Esto no siempre es negativo, ya que algunos desastres pueden manejarse a ese nivel. Sin embargo, este no era el caso, ya que las autoridades locales estaban desbordadas y llevaban semanas pidiendo ayuda al gobierno nacional.

No es solo el apoyo del gobierno central lo que facilita la respuesta. Al no estar declarada la emergencia nacional, las autoridades locales se ven atrapadas en un laberinto burocrático que les impide actuar con la rapidez necesaria. Un ejemplo claro es el uso de helicópteros: para emplearlos, las autoridades locales deben presentar solicitudes con días de anticipación, especificar rutas, justificar presupuestos y calcular el consumo de combustible, todo esto mientras el desastre sigue avanzando. Solo con la declaración del estado de emergencia se eliminan muchas de estas trabas, permitiendo la intervención del gobierno central, a través de INDECI y las Fuerzas Armadas, y agilizando las acciones necesarias.

Además de la capacidad de respuesta, es igualmente importante tomar acciones de prevención que reduzcan el impacto de los incendios. Según el Ministerio de Ambiente, el 98% de los incendios forestales son provocados por la acción humana, principalmente con fines agrícolas. Por lo tanto, es esencial que el gobierno apoye a los agricultores en la búsqueda de alternativas sostenibles a la quema y promueva la capacitación en prácticas agrícolas seguras.

Lamentablemente, la Ley 31973, conocida como la “Ley Antiforestal” y aprobada recientemente por el Congreso, va en dirección opuesta. La Defensoría del Pueblo ha expresado su preocupación, advirtiendo que esta ley exime a los propietarios de terrenos privados en zonas forestales de realizar estudios de suelo y de solicitar autorización para cambiar el uso de estos terrenos. Como resultado, se debilita la capacidad del Estado para prevenir la deforestación y proteger los ecosistemas forestales.

Sin acciones preventivas ni capacidad de respuesta, los devastadores efectos de los incendios no deberían sorprendernos. Sin embargo, no podemos seguir permitiéndonos esta falta de preparación. El futuro nos traerá incendios forestales cada vez más difíciles de controlar. Con el avance del cambio climático, las sequías serán más frecuentes y prolongadas, lo que no solo aumentará la cantidad de incendios, sino también su intensidad y duración. Estas condiciones extremas pondrán a prueba nuestra capacidad de respuesta, haciendo aún más evidente la urgencia de contar con un Estado preparado y eficaz para enfrentar estos desafíos.