La desigualdad en el Perú, por José De Echave

José De Echave, Investigador de CooperAcción, exviceministro de Gestión Ambiental .

xfam y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) acaban de publicar la Encuesta Nacional de Percepciones de Desigualdad en el Perú (Enades). Es la segunda encuesta que ambas instituciones realizan sobre este importante tema. La primera fue el año 2022.

La ficha técnica muestra que el trabajo de campo se realizó entre abril y mayo de 2024: se entrevistó a 1.508 personas, en 24 departamentos, 171 provincias y 519 distritos, con un error máximo estimado de ± 2,5 puntos.

Si la Enades del año 2022 estuvo claramente marcada, entre otros, por los efectos de la pandemia, en esta segunda, la larga lista de acontecimientos ocurridos en estos dos últimos años (intento de golpe de Estado; la subida de Dina Boluarte a la presidencia; el estallido social; la muerte de 50 peruanos y peruanas en medio de las protestas; la impunidad; la fractura entre Lima y el resto del país; todo lo que hace el Congreso; contracción de la economía en el 2023; incremento de la pobreza; inseguridad alimentaria; etc.) tiene una manifiesta influencia.

La encuesta está organizada en secciones: afirmaciones sobre desigualdad; las diferentes formas de desigualdad; economía; acceso a la justicia, salud, educación y trabajo; el lugar de origen como factor que afecta la desigualdad; tolerancia frente a la desigualdad; ingresos del hogar; movilidad educativa y económica; percepción sobre el país y los grupos de poder; papel del Estado; tributación.

Algunos datos claves: más de la mitad de los encuestados (59%) considera que en los dos últimos años la diferencia entre ricos y pobres ha aumentado. Además, el 51% considera que el Perú es un país muy desigual económicamente: cabe señalar que esa percepción es mayor en Lima y en el Perú urbano que en el rural (-10 pp); y es mayor en el nivel socio económico A y B que en el D y E (67 contra 42).

La percepción de mayor gravedad entre las diversas formas de desigualdad es, sobre todo, entre ricos y pobres, entre las ciudades y las zonas rurales y entre Lima y el resto del país. En relación con el lugar de origen y la posibilidad de acceder a mejores oportunidades, el 59% de los encuestados considera que el lugar donde una persona ha nacido o ha vivido en su niñez es muy importante para tener mejores posibilidades a lo largo de la vida. Por otro lado, entre las características que dan mayores ventajas para lograr una mejor posición económica, casi siete de cada diez encuestados consideran que el ser hombre es el principal factor (esta cifra es mayor entre las mujeres), muy por encima de proceder de una familia rica (18%) o tener buena educación (6%).

Otro dato que ya había aparecido en la encuesta del 2022 y que vuelve a estar presente tiene que ver con la aceptación de la desigualdad: un preocupante 30% de los encuestados la considera aceptable (un punto más que el año pasado). Si bien el 51% la considera inaceptable; lo cierto es que, de diferentes formas, un 49% la termina aceptando o tolerando.

Temas claves, como el acceso a la justicia y a la salud, son percibidos como los más desiguales en el país: el 75,5% considera que el acceso a la justicia es muy desigual (al repasar esta cifra como no pensar en los familiares de las víctimas del estallido social del año pasado), mientras que el 66,3% afirma que el acceso a la salud es muy desigual.

Hay varios datos, tanto en el capítulo denominado como afirmaciones sobre desigualdad, como en el de percepción sobre el país y sobre los grupos de poder, que muestran respuestas por ámbitos, macrozonas, nivel socioeconómico, autoidentificación étnica, lengua materna e identificación ideológica, que dan pistas para el análisis: por ejemplo, frente a la pregunta sobre si “los ricos tienen demasiada influencia en las decisiones que afectan al país”, Lima está más de acuerdo con esta afirmación que el resto del país; el nivel socioeconómico A y B sobre D y E (79% contra 61%); los que tienen como lengua materna el castellano sobre los de lengua originaria (71% contra 54%). Otro ejemplo es cuando se pregunta si en el Perú todos tienen iguales oportunidades para salir de la pobreza: el Perú rural está más de acuerdo con la afirmación (43%) que el Perú urbano y Lima metropolitana (36%) y el nivel socio económico D y E (39%) que el A y B (30%).

El capítulo que aborda el reto sobre cómo reducir las desigualdades da pistas para el análisis: el 67% de los encuestados considera que el Estado es el actor clave para combatir la desigualdad de ingresos entre ricos y pobres en el Perú. Además, entre los factores que pueden favorecer una mayor igualdad, el tener un Estado justo aparece en el primer lugar, con un 31% de los encuestados, muy por encima de los que consideran al crecimiento económico como factor clave (21%).

Las respuestas sobre el rol del Estado para reducir desigualdades seguramente generan preocupación en los sectores que han buscado reducirlo a una mínima expresión. Sin embargo, para los que creen que esta es una pista a seguir, el reto es repensar ese Estado, para que pueda cumplir esos roles con eficiencia y eficacia; con transparencia; con rendición de cuentas; un Estado que sea garante de derechos; que esté presente en los territorios, próximo a la gente, etc. No se trata de retornar al pasado o volver al viejo Estado y sus antiguos roles, a las 100 empresas públicas deficitarias, etc. El reto es, sobre todo, pensar en un Estado moderno, con las características mencionadas, que sea capaz de recuperar la legitimidad perdida.

Vinculado al tema del rol del Estado, una de las políticas identificadas para reducir la desigualdad es la tributaria. Un contundente 62% considera que los que más tienen deberían pagar más impuestos; el 32% considera que si el Estado peruano recaudara más impuestos, estos deberían destinarse en primer lugar a la educación y en segundo lugar a la salud (28%). En este tema se ha producido un cambio: dos años atrás, la salud ocupaba, de lejos (pandemia de por medio), el primer lugar con un 43%.

Una reflexión final sobre grupos de poder. La percepción es que somos un país en el que los grupos de poder gobiernan en su propio beneficio (90% respalda esta afirmación). Ahora bien, habría que subrayar que las estructuras de poder están en permanente proceso de evolución: al lado de los grandes grupos vinculados a la economía formal, que despliegan sus armas de influencia en las altas esferas del Estado y que actúan como si sus intereses particulares fuesen los del país, lo cierto es que cada vez es más notorio el avance de otros actores poderosos y, por lo tanto, influyentes, que están vinculados a las economías ilegales (tala, narcotráfico y, sobre todo minería) que, según informes de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros Financiera, mueven economías que equivalen al 14% del PBI.

¿Cómo son percibidas estas actividades ilegales por la población, sobre todo, en las zonas donde se implantan? ¿Se las percibe como actividades que podrían aportar a reducir brechas de desigualdad? O de manera más pragmática, ¿son percibidas como una opción para reducir, por lo menos, la pobreza monetaria? Este es un tema que debería ser considerado en los próximos análisis. Felicitaciones a Oxfam y el IEP por esta segunda Enades.