Soluciones de papel para problemas de concreto, por Sofía Aron Said

El mes pasado, en esta columna, discutimos los bajos niveles de ejecución del presupuesto de inversión pública y por qué esto es preocupante. Si se preguntan si ha habido avances significativos desde entonces, lamento decir que no. Apenas hemos pasado del 36% al 40%, un incremento de tan solo 4%.

Es evidente que la planificación y ejecución de la infraestructura en nuestro país es un problema serio y, el gobierno, en un intento por solucionar esta situación, nos presenta una nueva propuesta: la creación de un Ministerio de Infraestructura.

Según el proyecto de ley, este ministerio fusionará 13 unidades ejecutoras, incluyendo las del Ministerio de Transporte, Vivienda, Salud y Educación, en una sola entidad.

Basta con revisar el informe de 18 páginas presentado por el gobierno que busca justificar su creación, para darse cuenta de que estamos ante una política improvisada. Al revisarlo, lo que más llama la atención no es lo que se muestra, sino todo lo que se deja fuera.

En primer lugar, no hay un análisis serio sobre cuáles deberían ser las funciones del Ministerio de Infraestructura. El proyecto de ley establece que las funciones del ministerio serán “formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional de infraestructura”. Pero, de acuerdo con la experiencia internacional, ¿realmente un Ministerio de Infraestructura debería asumir todas esas funciones? Quien supervisa y evalúa, ¿debe ser también quien ejecuta? Quien planifica y dirige, ¿debería estar a cargo de la ejecución?

Tomemos dos ejemplos internacionales exitosos: Reino Unido y Corea. En el caso británico, una Autoridad de Infraestructura de Proyectos se encarga de planificar, evaluar y aprobar proyectos, mientras que la ejecución recae en diferentes entidades, como el Departamento de Transportes.

En el caso coreano, el Ministerio de Economía y Finanzas maneja la planificación, y el Centro de Gestión de la Inversión Pública y Privada (PIMAC) se ocupa de evaluar y aprobar los proyectos.

No obstante, creo importante recalcar que no existe una “receta única”, ya que cada país necesita soluciones a su medida. Sin embargo, eso no justifica crear un nuevo ministerio sin un análisis riguroso que respalde su necesidad y funciones específicas.

En segundo lugar, el informe no ofrece un diagnóstico claro sobre las causas del problema. Para encontrar una solución efectiva, primero es necesario entender bien el origen del problema; hacerlo al revés es un error. Por ejemplo, es bien sabido que una de las principales razones por las que los proyectos de infraestructura se retrasan es la excesiva cantidad de trámites administrativos que deben cumplirse. Esto nos lleva a cuestionar si realmente necesitamos un Ministerio de Infraestructura o si sería más útil enfocarnos en una reforma que simplifique estos procesos burocráticos. Al final del día, abordar la raíz del problema es lo que realmente generará un cambio duradero.

En tercer lugar, no se explica cómo se abordará la falta de personal capacitado para planificar y ejecutar proyectos. Según Servir, la mitad de los funcionarios del sistema de inversión pública carece de los conocimientos necesarios, lo que conduce a proyectos mal diseñados. Agrupar a todos en un solo ministerio no resolverá este problema. Deberíamos, en cambio, enfocarnos en desarrollar políticas que permitan capacitar adecuadamente a los funcionarios. Por ejemplo, podríamos crear una carrera en el servicio público especializada en la gestión de proyectos de infraestructura, con expertos que garanticen una mejor ejecución.

Finalmente, en ningún lugar del informe se menciona cómo se planea prevenir, detectar y sancionar la corrupción. Según un informe de Ojo Público, 9 de las 13 unidades ejecutoras que se transferirían al nuevo Ministerio de Infraestructura han sido catalogadas por la Contraloría como de riesgo medio o alto de corrupción. La historia nos ha demostrado que, sin controles adecuados, la concentración de poder y recursos en una sola entidad puede aumentar las oportunidades para la corrupción. Si no tomamos las precauciones necesarias, podríamos estar creando una institución aún más vulnerable a la corrupción.

En resumen, la propuesta de crear un Ministerio de Infraestructura parece más una solución apresurada que una respuesta bien fundamentada a los desafíos en la planificación y ejecución de la infraestructura pública. Hace menos de un año se crearon entidades con un propósito similar: la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y el Organismo de Estudios y Proyectos de Inversión (OEDI). Estas entidades aún no han finalizado su implementación, y ahora se sugiere crear un ministerio sin haber evaluado los resultados de estas entidades.

Con solo dos años de gobierno restantes, sería más sensato utilizar este tiempo para completar la implementación de estas entidades y realizar una evaluación cuyos resultados puedan servir como referencia para que la próxima gestión presidencial plantee una solución integral.