Las emergencias en el Perú, por Aníbal Velásquez

(*) Por Aníbal Velasquez, Oficial de Políticas Públicas del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas

Vivimos en un país de alta vulnerabilidad frente a peligros naturales que afectan casi a la mitad del territorio nacional. Los desastres se están incrementando en el Perú de manera alarmante, tanto en frecuencia como en intensidad, lo que afecta personas, infraestructura, campos agrícolas, la economía, la seguridad alimentaria y el desarrollo del país.

La Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030 identifica los choques ocasionados por emergencias como un factor clave de la exclusión social que genera pobreza. En ese sentido, las emergencias por peligros naturales, por ejemplo, han aumentado en un 50% en la última década, pasando de 5,140 emergencias en 2012 a 7,251 en 2022, según el Compendio Estadístico del INDECI 2023.

Otro caso tiene que ver con las emergencias ocasionadas durante el Fenómeno del Niño de 2017 las cuales afectaron a más de 2.2 millones de personas, dejando cerca de 300 mil damnificados.

Todo esto tiene un impacto en la seguridad alimentaria de los peruanos. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP) reportaron altos niveles de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria en 832 distritos habitado por 5.2 millones de personas que viven en esta situación debido a la alta frecuencia de emergencias y desastres. Ante un desastre o emergencia, son precisamente los más vulnerables quienes tienen menor capacidad de adaptación y su recuperación se hace más difícil. Las crisis recurrentes o emergencias exacerban vulnerabilidades sociales y económicas preexistentes, amenazando los avances de la política social.

Por lo tanto, adoptar medidas de protección social ante emergencias permitiría mejorar la capacidad de adaptación y recuperación de la población afectada durante y después del evento adverso. Y, sobre eso, hay suficiente evidencia.

La experiencia nos demuestra que necesitamos un sistema de protección social resiliente diseñado y organizado, asumiendo que las emergencias o desastres ocurrirán de todas formas, para garantizar la respuesta rápida, acciones anticipatorias y asegurar la continuidad de los servicios y programas sociales.

El Programa Mundial de Alimentos desarrolló estudios, junto con sus contrapartes gubernamentales, sobre la respuesta del estado peruano ante el Fenómeno del Niño y la pandemia de COVID-19, documentando necesidades y lecciones aprendidas para mejorar la respuesta en futuras emergencias.

Durante la pandemia de COVID-19, mediante decretos de urgencia y normativas temporales excepcionales, el MIDIS tuvo que adaptar temporalmente sus procesos e implementar transferencias monetarias a más de 13 millones de peruanos, mientras que el programa de alimentación escolar Qali Warma tuvo que entregar alimentos a la población vulnerable.

Ambas emergencias revelaron la necesidad de mejorar la eficiencia y oportunidad de la respuesta y mitigación de daños. Entre las necesidades identificadas se encuentran: el desarrollo de instrumentos normativos para la protección social en emergencias, un sistema de focalización en zonas urbanas, información actualizada sobre la condición socioeconómica de los hogares, mecanismos sostenibles para mantener padrones de beneficiarios, un servicio centralizado de transferencias monetarias en emergencias, y capacidades institucionales para brindar servicios oportunos a la población vulnerable no afiliada a programas sociales.

Además, aunque la gestión de las finanzas públicas es adecuada en condiciones normales, en emergencias los procesos administrativos pueden retrasar el gasto necesario, y la falta de un mecanismo preestablecido para financiar emergencias también puede demorar la respuesta.

Las capacidades adquiridas durante la pandemia de COVID-19 deben ser institucionalizadas para lograr una protección social más resiliente y efectiva ante emergencias. Para ello, es esencial desarrollar instrumentos normativos y operativos que permitan al MIDIS y a sus programas actuar rápidamente en futuras crisis.

Con ese objetivo, el MIDIS como ente rector en materia social y además cartera ministerial encargada de la primera respuesta ante emergencias, ha solicitado al Congreso de la República la delegación de facultades para fortalecer la gestión de los servicios públicos de protección social y aprobar un marco normativo que le asigne competencias para actuar ante situaciones de emergencia. En adición a lo anterior, se busca establecer disposiciones que faciliten la asignación de presupuesto, la creación de instancias operativas y el desarrollo de instrumentos de gestión necesarios para la adaptación de los servicios públicos de protección social. Esto garantizará que, frente a una emergencia, las personas afectadas no caigan en la pobreza.

Es crucial que el Congreso otorgue estas facultades para crear un sistema de protección social adaptable, asegurando que las poblaciones vulnerables no solo sobrevivan a las crisis, sino que también se recuperen y prosperen, construyendo así un Perú más fuerte y preparado para enfrentar adversidades