Los ‘sueños’ de los dictadorzuelos, por Diego García - Sayán

Sueños de dictadores y ‘dictadorzuelos’. Poder hacer, impunemente, lo que les venga en gana: secuestrar, torturar, desaparecer ciudadanos, acabar con la libertad de expresión o manejar la caja fiscal para beneficio propio o de allegados.

Y sin tener que dar cuentas a nadie, gozando de la “tranquilidad” que deriva de la impunidad. Evitando ser “controlados” internacionalmente o, ¡peor aún!, teniendo que responder a cuestionamientos internacionales por una corte, interamericana o, ¡peor!, universal. O tener que rendir cuentas sobre sus conductas autoritarias o corruptas. Por ejemplo, al solicitar una visa a los EEUU para visitar el ‘Disney World’ de los sueños o el ‘banquito aquel’ en Miami.

La ilusión de la impunidad

De un tiempo a esta parte, el mundo y América Latina se han dado reglas colectivas sobre asuntos fundamentales: democracia, independencia judicial, libertad de expresión y asociación, etc. Y se han adoptado en torno a ello, por decisión soberana, una serie de tratados internacionales que, por definición, son de obligatorio cumplimiento.

Y se cuenta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creación de América, con capacidad de dictar sentencias que, por definición, son de obligatorio cumplimiento.

Perú en desacato internacional

Manejado por un Pacto Corrupto (Congreso corrupto, más Gobierno ídem e impopular), no llama la atención que el Gobierno del Perú, que así opera, se guíe por valores y espíritu ‘predemocráticos’. Que considere, por ejemplo, que es factible no cumplir —abiertamente— con una sentencia de la Corte Interamericana, como lo hizo para la liberación de prisión del condenado Alberto Fujimori.

Después de tan gruesa violación del derecho internacional, inmediatamente la propia Corte declaró ‘en desacato’ al Estado peruano. Lógico y previsible. ¡Qué vergüenza!

Dato interesante y revelador: Perú es el segundo país al que el tribunal interamericano declara en desacato en los últimos años. El otro fue Nicaragua, por no responder a numerosas comunicaciones de la Corte y no cumplir con las medidas de protección dispuestas en favor de decenas de ciudadanos perseguidos o considerados ‘presos políticos’.

Curiosa/deshonrosa ‘fraternidad’

Así como se persigue y acosa a las organizaciones no gubernamentales en el país centroamericano, en el Perú se apunta a lo mismo: impulsando una legislación para asfixiar y limitar seriamente el trabajo de las organizaciones no gubernamentales. Amenaza que, como se sabe, motivó la contundente reacción y protesta diplomática de 16 embajadas de países democráticos acreditados en el Perú.

Dos ‘perlas’ de conductas —Nicaragua y Perú— que ilustran dos lógicas cerriles —cada vez más semejantes entre sí— contra la historia y el derecho internacional. Y sobre el clima autoritario y de intolerancia que hoy prevalece en ambos países. Con diferencias de matiz, lo que tienen en común los cuestionados Gobiernos de Ortega-Murillo (Managua) y Boluarte (Lima).

Perú y Guatemala en el menú

La justicia penal internacional está ‘en movimiento’, no solo los tribunales de derechos humanos. En las últimas semanas, la Corte Penal Internacional (CPI) abrió investigación contra el jefe de Gobierno israelí, Benjamín Netanyahu, por las matanzas en Gaza. El fiscal de la CPI ha dispuesto orden de captura para Netanyahu y su ministro de defensa, Yoav Gallant, así como las cabezas del grupo islamista Hamás, Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh y Mohamed Al Masri. Esto da cuenta de la dinámica efectiva de estas investigaciones/procesos ante la CPI.

Ahora, Perú y Guatemala están pasando a estar en la “agenda” de la CPI, las violaciones al derecho internacional en ambos países podrían ser examinadas. Interesante devenir, pues usualmente no fueron situaciones latinoamericanas las que llegaron a la CPI. Eso está cambiando y tiene trascendencia, pues los casos eventualmente se traducen en órdenes de captura dispuestas por la CPI para avanzar en las investigaciones.

Guatemala: denuncia presentada recientemente por abogados guatemaltecos, intelectuales europeos y profesionales de alto perfil en derechos humanos. La denuncia es, entre otros, contra dos expresidentes (Giammattei y Jimmy Morales), la ex fiscal general Consuelo Porras y otros por “delitos de lesa humanidad”. Se incluyen varios casos de persecución y acoso a jueces y fiscales independientes, periodistas, así como estudiantes y docentes de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Guatemala sufrió su propio ‘Pacto Corrupto’, antes que el de Perú, aún en acción, bloqueando la democracia, los derechos humanos y la independencia judicial durante años, hasta la asunción del presidente Arévalo a inicios de este año.

Puede tener analogías, pues, con el aún vigente Pacto Corrupto en Perú y lo que podría decidir hacer la Corte Penal Internacional, que pasaría a conocer el caso contra Dina Boluarte, que se ha anunciado presentarían en las próximas semanas ciudadanos, organizaciones peruanas y, eventualmente, personalidades y organizaciones de otros países.

Según ha informado Harold Forsyth, exembajador del Perú en la OEA, el caso que se prepara sería por presunta “violación sistemática de derechos humanos” y las 50 víctimas muertas en diciembre del 2022 y enero del 2023 por las acciones represivas de ejército y policía durante las protestas sociales. Cuando se presente en La Haya la denuncia sobre estos graves hechos, aún impunes, el tema pasaría al examen de la CPI.