Modernización del Estado: un camino obligatorio, por Carmen Velarde Koechlin

Escribe: Carmen Velarde Koechlin

A menudo se debate sobre Petroperú y Córpac. Algunos dicen que, si se venden, el comprador pagaría muy poco. Esto nos lleva a una pregunta más amplia: ¿cuál es el verdadero valor de nuestras instituciones públicas? ¿Cuánto pagarían por ellas?

Para determinar su valor, es crucial conocer sus activos y pasivos, y evaluar las inversiones necesarias para optimizar su funcionamiento. Pero ¿realmente vale la pena mantenerlas? ¿Cuánto costaría ponerlas en óptimas condiciones? Aunque no tengo una respuesta exacta, sé que las autoridades soñamos con optimizarlas.

Al finalizar una gestión, se presenta un informe de transferencia que suele omitir problemas significativos. Por ejemplo, cuando asumí mi cargo en el Reniec, el informe no mencionaba deficiencias graves: servidores informáticos obsoletos desde 2008, computadoras de 2004, vehículos de 2005, más de 500 sentencias judiciales sin cumplir, locales alquilados con problemas de infraestructura y software anticuado que dificultaba las actualizaciones. Estos problemas ya los hemos venido solucionando progresivamente.

Para mejorar las entidades, es vital conocer su estado real y, a partir de ello, priorizar mejoras. Aquí es donde la metodología de debida diligencia puede ayudar. Esta implica una investigación exhaustiva para establecer los activos y pasivos en finanzas, tecnología, recursos humanos, aspectos legales y tributarios, revelando la urgencia de inversión necesaria para cumplir con las expectativas ciudadanas.

Este examen también mostrará que el Estado enfrenta un desfase tecnológico significativo, utilizando programas de computación obsoletos y equipos que no se reemplazan; además de evidenciar que los procedimientos de atención al ciudadano suelen ser complejos y frustrantes. Por ejemplo, en algunos hospitales se exige a los pacientes cambiar su dirección en el DNI para ser atendidos, trámite que podría evitarse con un simple ajuste en los sistemas informáticos.

Además, no se ha dimensionado el personal necesario para atender a la ciudadanía, ni qué le toca hacer a cada quien. Los indicadores para medir el desempeño estatal se enfocan más en actividades que en el impacto real en la vida de las personas.

¿Deberíamos eliminar ciertas entidades o crear nuevas? La respuesta empieza con un análisis preciso de la demanda ciudadana y las capacidades del Estado para satisfacerlas. Con una debida diligencia en cada entidad, podríamos identificar procesos redundantes y funciones duplicadas, optimizando así el trabajo de cada institución y servidor público.

Quien aspire a gobernar el Perú debe incluir en su plan de trabajo una modernización integral de las instituciones públicas. No se trata solo de cambiarles el nombre o reemplazarlas, sino de evaluar si su estructura, funciones y procesos son adecuados para superar problemas como la pobreza. Este reto requiere decisión y una visión integral de un Estado que debe estar al servicio de todos los peruanos.

No basta con decir que "el Perú será el país con la mejor educación, que erradicaremos la pobreza o invertiremos en agricultura”. Todos hemos escuchado este tipo de promesas. Son ideales válidos, pero difícilmente se harán realidad si no se toma en cuenta la realidad de la administración pública y los cambios urgentes que se necesitan.

Quien desee gobernar el Perú, trabajar en proyectos sociales desde el Estado o participar en cualquier proyecto público para cambiar y mejorar la vida de las personas, debe comprender que no podrá lograrlo si primero no es consciente de las deficiencias del aparato estatal y si no cuenta con los recursos y herramientas necesarias para abordarlas.

Los ciudadanos esperan acciones rápidas y soluciones a problemas que llevan décadas sin resolver. Los candidatos o autoridades a menudo prometen hacerlo de manera inmediata; sin embargo, es importante reconocer que la solución de los problemas del país requiere de recursos y capacidades, más allá de las buenas intenciones.

El Estado necesita contar con la infraestructura, los procesos, la tecnología adecuada; y, sobre todo, con personal capacitado y comprometido. Es esencial abordar la situación del personal estatal, eliminando las inequidades, para lograr servicios sostenibles.

Los nuevos líderes que asuman algún cargo público deben ser conscientes de estas realidades y comprometerse a mejorarlas. Esto implica no solo abordar las demandas salariales y las condiciones laborales, sino también invertir en programas de capacitación y desarrollo profesional del personal estatal. Estos programas deben estar alineados con las mejores prácticas en gestión pública, como metodologías ágiles o sistemas de gestión de calidad e innovación. Esto garantizará que los empleados estén equipados con las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos del siglo XXI y brindar un servicio de calidad a los ciudadanos.

También es necesario promover una cultura organizacional que fomente la innovación, el trabajo en equipo y la excelencia en el servicio público.

Es importante destacar los esfuerzos realizados por algunas instituciones para mejorar las condiciones laborales de su personal. Por ejemplo, el Reniec, desde el 2021 hasta finales del 2023, ha logrado incorporar a 671 trabajadores a sus planillas y ha cumplido con el pago de indemnizaciones laborales por sentencias judiciales, invirtiendo un total de 76 millones de soles en este proceso, demostrando un compromiso con su personal.

Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Es necesario impulsar políticas a nivel nacional que garanticen mejores condiciones laborales, salarios justos y oportunidades de desarrollo para todos los trabajadores del Estado.

En resumen, quienes aspiren a gobernar el país deben entender que el Estado es el principal motor del desarrollo y que su eficacia depende en gran medida del compromiso y la capacidad de su personal. Para garantizar un servicio público de calidad, se necesitan también mejores condiciones de infraestructura, tecnología moderna y, sobre todo, cumplir con las promesas asumidas que contribuyan al desarrollo de todos los peruanos.