Alto a la politización de la justicia

La ruptura del orden constitucional y el fin de la separación de poderes podría ser el resultado provocado por el Congreso, de mantenerse su vocación de destituir a los miembros del Pleno de la JNJ, agitando razones que no sustentan tan drástica medida.

La fecha designada por el Parlamento para avanzar con sus planes desestabilizadores se definirá hoy, cuando se haga la consulta a los congresistas, que determinarán el día en el que se pondrá en debate la moción aprobada por la Comisión Permanente. En esta moción se aprobó casi por unanimidad la destitución e inhabilitación por diez años a los siete miembros del Pleno de la Junta.

Han sido varias instituciones defensoras de la democracia y la vigencia del Estado de derecho las que han alertado del peligro que se cierne sobre el sistema de justicia en general y los entes electorales en particular, cuya ratificación corresponde a la propia JNJ.

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Los intentos de intervención del Ministerio Público también desde el Congreso y la velocidad del reemplazo del renunciante Henry Ávila, dispuesto por el TC, muestran que existen intereses de sectores políticos –presentes todos en el Parlamento– dispuestos a dar un zarpazo a la frágil institucionalidad democrática, que subsiste luego de varias capturas de organismos constitucionalmente autónomos.

La asociación de este plan de control político con la protección de los actos de corrupción desde el poder y la politización de la justicia es, sin duda, la razón de la voz de alarma. Se trata de un momento de extrema gravedad para la salud democrática del país y la vigencia del Estado de derecho. Nos aproximamos al abismo y a un punto de no retorno. El Congreso va a ser el responsable directo si se consolida el temido golpe institucional y se rompe el equilibrio de Estado y poderes.