¿Quién reforma la justicia?
Otro nuevo intento de congresistas por promover una reforma del sistema judicial, pese a estar comprendidos en investigaciones.
Siguen los intentos del Congreso por crear una comisión que tenga la potestad de reformar la justicia en el Perú. Esta vez, en plena crisis provocada por las declaraciones de Jaime Villanueva, que ha disparado informaciones creíbles y falsas entre sus declaraciones ante el Ministerio Público.
Los denominados ‘Niños’, es decir, congresistas con investigaciones fiscales implicados en casos de corrupción por haber promovido proyectos y evitado investigaciones contra el expresidente Castillo y sus ministros, ahora impulsan la creación de esta comisión especial, encargada de reformar el sistema judicial.
La comisión promovida por estos cuatro integrantes de ‘Los Niños’, Raúl Doroteo, Darwin Espinoza, Elvis Vergara y Jorge Flores Ancachi, estaría conformada por el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el defensor del Pueblo, el titular del Tribunal Constitucional, el presidente de la Junta Nacional de Justicia, el contralor de la República y el ministro de Justicia.
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Esta iniciativa presentada por Wilson Soto, de Acción Popular, se suma a otra presentada por la congresista Martha Moyano, de las filas de Fuerza Popular. Esta propuesta fue presentada en diciembre pasado y también apunta a una reforma del sistema de justicia, con especial interés en autorización para modificar al pleno de la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Un elemento a tomar en cuenta en esta propuesta es que se presentó en el momento en que se había descubierto, mediante la operación Valquiria, las ramificaciones del Ministerio Público con el Congreso para garantizar impunidad de algunos integrantes del Congreso –entre ellos los denominados ‘Niños’– a cambio de votos.
El proyecto presentado por AP está próximo a ser debatido en la Comisión de Constitución, que precisamente preside la congresista Moyano. Los especialistas han señalado la inconveniencia de promover reformas del sistema de justicia en ámbitos cuestionados por inconductas, como es el caso del Congreso y el Ejecutivo.