Crimen organizado e infiltración en la política, por Patricia Paniagua

Desde hace muchos años, es más que evidente para la ciudadanía la muy preocupante infiltración de redes delictivas en la política y su peligroso afianzamiento en la escena política local a través de la generación de condiciones, contrarias al beneficio ciudadano, y que permiten operar a las mafias.

Hace poco tiempo, la aprobación de la modificación de la Ley Forestal, por parte del Congreso, y cuya inconstitucionalidad deberá ser exigida, ha dejado en evidencia su apuesta mayoritaria y abierta por la legalización de la deforestación y degradación de los bosques, que otorga derechos a las mafias y que pone en riesgo los derechos de los pueblos y comunidades, sus medios de vida, la conservación del ambiente y el compromiso climático nacional.

Normas de este tipo, claramente catalogables como contrarreformas groseras y en favor de grandes mafias, se han dado también en otros grandes temas de crucial importancia como la educación, el transporte, la lucha frontal contra la corrupción (condiciones de la colaboración eficaz), etc. Sumado a esto, su interés claro de copar y tomar instituciones como la Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, etc. para ponerlas al servicio del crimen organizado y otro tipo de propósitos de este orden ha quedado de manifiesto, al punto que es posible afirmar su notoria apuesta por allanar el camino a las mafias.

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En esta misma línea, la reciente promulgación de la norma que elimina las PASO, elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, aprobada por el Legislativo y avalada por el Ejecutivo, mantiene el perverso funcionamiento actual de las organizaciones políticas e impide que sea la ciudadanía quien decida los cuadros a postularse al renovar el poder de las cúpulas de los partidos políticos para decidir a dedo, sobre la base de intereses de todo orden y hasta prebendas, la postulación de sus candidatos y candidatas.

Este terrible retroceso, sumado a la exoneración de multas, exclusión de competencia de los movimientos regionales y la muy alta valla establecida para la inscripción de nuevas agrupaciones son las razones por la que es inviable pensar en una reconfiguración del escenario político sobre la base de nuevas reglas.

La situación actual del Ecuador, un país hermano y limítrofe, es claro ejemplo de cómo la degradación actual, en la que ya estamos sumidos, puede tocar fondo en una situación crítica de colapso total en la que la “mano dura” resulta insuficiente para atender la problemática.

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Queda claro que acabar con la delincuencia, que día a día azota a la ciudadanía, que le resta calidad de vida y esperanzas en el futuro y que nos muestra su rostro más común en el robo, la extorsión, el sicariato, etc., solo será posible cuando se combata frontalmente a las mafias que han encontrado representantes a su medida y al sistema que hace posible que estos ocupen cargos que se sometan a estos intereses en perjuicio de la ciudadanía.

Es tarea de ciudadanas y ciudadanos de reconocer a quienes ofrecen falsas “salidas” que se centran en la capa superficial del problema y que mantienen la estructura perversa con la que hoy operan con comodidad.

Combatir a la delincuencia, sin demagogia, y bajo el amparo estricto de la ley solo será posible solo cuando acabemos con la infiltración del crimen organizado en la política.