Medio ambiente, saldo negativo

El debilitamiento de la institucionalidad ambiental como señal de la poca atención gubernamental a la agenda aún pendiente y que involucra a las personas y la defensa del hábitat es uno de los mayores saldos negativos de la gestión de Dina Boluarte.

Se refiere en primer lugar a la reducción de las intervenciones ambientales en, por ejemplo, el impacto de la minería en la vida y la salud de las personas, así como en su entorno: agua, suelo, etc.

Se ha minimizado la autoridad medioambiental y se han cedido posiciones frente a la industria y sus intereses y el propio Ministerio de Energía y Minas como ente rector del Estado. La presencia de la autoridad como árbitro y mediador entre la población y la empresa ha perdido fuerza y ha desaparecido de la escena en las regiones donde los pobladores y las mineras interactúan. Los conflictos medioambientales se pueden intensificar debido al abandono de la tarea que ha hecho la administración actual.

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Un problema agudo y reiterativo es el de la minería ilegal, que ha crecido en términos geográficos y se ha extendido en las regiones sin control, lo que provoca violencia en su enfrentamiento permanente con la minería formal, que utiliza tecnología limpia y está obligada a la remediación cuando se ha provocado algún daño ecológico.

El mercurio y la dinamita se dan la mano para contaminar y provocar daño medioambiental irremediable en ríos y bosques. Asociados a la tala ilegal, son los verdaderos depredadores de la Amazonia, las fuentes de agua y la reserva de oxígeno.

Si ese panorama ya es preocupante, el asesinato de los defensores ambientales que ha ido en aumento, hasta llegar a la cifra de 33 líderes amazónicos, todos ellos fallecidos en defensa de su hábitat, es particularmente grave.

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Se trata de una gestión gris, sin horizonte. Que además abandona las tareas fundamentales con el solo propósito de permanecer en el cargo, aferrándose como sea a una posición que tiene una responsabilidad con las personas y con el futuro.