La dignidad del trabajador en salud, por Hernando Cevallos

A mediados del 2021, el país vivía la incertidumbre sanitaria más marcada de su historia. La falta de protección social y el modelo neoliberal nos pasó la factura de la mayor cifra de fallecidos por COVID-19 en el mundo. El culpable no fue el virus, sino la miseria disfrazada de crecimiento durante décadas, mientras nuestro precario sistema de salud anunciaba una tercera ola que parecía desastrosa. Sin embargo, la comunicación directa con la gente y un equipo técnico experimentado ganó la confianza ciudadana y permitió una vacunación masiva cambiando la perspectiva.

Pero hay que decirlo, fueron los trabajadores del Minsa y Essalud quienes hicieron la diferencia. El personal nombrado, los CAS y los CAS Covid estuvieron en primera línea cumpliendo con riesgo las estrategias para detener el virus. Ellos conformaron las brigadas que se desplazaron por todo el país, logrando en cinco meses pasar de un 14% de la población vacunada a un 80%, superando a casi todos los países latinoamericanos. Los trabajadores de salud le devolvieron la esperanza a nuestro pueblo, permitieron reactivar la economía y salvaron miles de vidas.

La pandemia nos dejó enseñanzas y desafíos que olvidamos, entre ellos la oportunidad perdida de fortalecer el primer nivel de atención (postas y centros de salud) con los trabajadores CAS Covid. Pero estamos en el país del olvido y la impunidad, por eso, un año después, batimos el récord de fallecidos por dengue en la región, ante la complacencia de Boluarte y su Congreso. Y, aunque usted no lo crea, se despidieron miles de trabajadores, no hubo prevención en el dengue y nos quedamos sin recursos calificados en las regiones vulnerables.

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El Ministerio de Salud, tiene más de 37.000 trabajadores CAS regulares y más de 50.000 ex CAS Covid, quienes tras una dura lucha de su Coordinadora Nacional lograron la Ley 31539, que les permitió un contrato indeterminado pero aun con derechos limitados. El Gobierno se niega a iniciar el nombramiento de los ex CAS COVID, como si fueran personal de segunda categoría. Esta lógica se reitera en los CAS regulares, de los cuales este año solo un 20% serían nombrados si superan las trabas burocráticas que generaron también el perjuicio a las compañeras del “Cambio de Grupo Ocupacional” ignoradas por las últimas gestiones.

Por otro lado, Essalud se burló de la ley despidiendo a más de 12.000 trabajadores CAS COVID de esa institución como si fueran descartables. Los que tuvieron suerte o no reclamaban fueron contratados como SNP, sin ningún derecho, justamente cuando los asegurados claman por más personal y turnos para su atención. Hace tres días, trabajadores que exigían su reposición de acuerdo a ley ni siquiera fueron atendidos por el titular de Trabajo y más bien fueron reprimidos por la policía frente al Congreso, en una muestra de intolerancia y desprecio a los trabajadores de salud.

El Gobierno, al aplicar la lógica mercantilista de “con menos derechos trabajarán mejor”, ofende la memoria ciudadana, promueve la mediocridad y afirma la crisis del sector salud. La dispersión de regímenes laborales muestra el caos y la ausencia de meritocracia en salud. Trabajadores que desempeñan la misma función tienen diferentes derechos. Un CAS no tiene escala remunerativa ni derecho a capacitación o concursos para ascensos, etc., son “trabajadores de segunda clase”, inaceptable.

La pandemia, el dengue y el riesgo del fenómeno El Niño nos exigen una reforma sanitaria participativa, hacia un verdadero sistema de salud, pero tendremos que esperar. Parece que reprimir al ciudadano y al trabajador de salud sí es una lección que aprendió rápido el equipo de Boluarte y sus congresistas. De derechos y salud ni una pizca. El pueblo movilizado tendrá que enseñarles.