Los ojos puestos en el Congreso: 8/11, por Irma del Águila

Mucho se ha dicho de la importancia de preservar la independencia de la JNJ, pues tiene por funciones “nombrar, evaluar, ratificar y sancionar a jueces, fiscales, autoridades nacionales de control del Ministerio Público y el Poder Judicial, y a los jefes de la ONPE y el Reniec” (Misión JNJ).

Se ha enfatizado que la captura de la JNJ es el paso previo a la captura de los organismos electorales, la ONPE y el Reniec, por parte del Congreso con miras a las elecciones del 2026 (o cuando ocurran).

Se ha comentado con preocupación que no pocos de los 82 congresistas con investigaciones fiscales abiertas estarían interesados en “bajarse” una institución que fiscaliza la labor de jueces y fiscales.

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Pero se ha escrito menos sobre la labor de fiscalización a la fiscal de la Nación que cumple la JNJ. Tarea necesaria ahora que Patricia Benavides sigue dando largas a la investigación preliminar contra Dina Boluarte y Alberto Otárola. Son ocho meses más de plazo en la investigación que se les sigue por homicidio calificado, genocidio y lesiones graves en agravio de 49 peruanos muertos en la brutal represión de las protestas.

Sin la JNJ, ¿quién fiscalizará a la fiscal de la Nación?, ¿seguirá postergando hasta las calendas griegas el punto final de una investigación preliminar que la obliga a presentar denuncia constitucional contra Boluarte y los ministros implicados o a archivar el caso?

Que Fuerza Popular, Renovación, Avanza País y APP voten a favor de la investigación “sumaria” contra la JNJ no llama la atención, son consistentes en el desbaratamiento de la institucionalidad del país. Tampoco los votos a favor de Perú Libre, que hace tiempo anda en tándem con FP. Y, sin embargo, los peruanos tienen todo el derecho de preguntar el por qué del voto a esos 84 congresistas y, en particular, a los cinco congresistas de PL que provienen de Ayacucho, Puno, Junín y Cusco, regiones que sufrieron, ellas solas, la pérdida de más de treinta hombres y mujeres, muertos por disparos de las fuerzas de seguridad.

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La pregunta es directa: ¿cómo entender que en Puno, Flavio Cruz y Wilson Quispe, dos de los cinco congresistas de la región, voten a favor? En Juliaca y Macusani murieron 18 civiles desarmados.

¿Qué argumentos caben para que Margot Palacios, una de los tres congresistas de Ayacucho, votara a favor de la investigación sumaria contra la JNJ? En Huamanga se llora a 10 civiles, asesinados en diciembre.

El voto de los 84 congresistas que antepusieron oscuros intereses partidarios al interés del país y a la demanda de justicia de los familiares de las víctimas causa indignación.

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El voto de los congresistas que son paisanos (de la misma provincia), coterráneos incluso de las víctimas en Puno, Ayacucho, Cusco o Junín, deja en el sur andino un impacto emocional todavía mayor.

El 8 de noviembre, con fútbol o no, el país estará atento. Veremos cómo votan.