Venezuela: se abre un camino difícil para la democratización, por Manuel Rodríguez Cuadros

Desde el 20 de enero del 2017 hasta el fin de su mandato, en el 2021, Donald Trump aplicó a Venezuela la estrategia de la máxima presión. El resultado fue contrario a sus deseos. No solo se consolidó el Gobierno de Nicolás Maduro, sino que la oposición democrática implosionó.

La administración Biden, silenciosamente y con actos, antes que palabras, liquidó pronto la estrategia de la máxima y la reemplazó por la diplomacia, los contactos, las consultas. Se sumó a la iniciativa de Noruega para retomar y facilitar las negociaciones. 

Se ha obtenido un primer resultado alentador. El 17 de octubre, el Gobierno y la Plataforma Unitaria de Venezuela firmaron el ‘Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos’. Una hoja de ruta para celebrar elecciones presidenciales competitivas el año 2024. Se trata de un paso inicial, con una prospectiva más amplia, contribuir a la solución de la crisis económica, social y humanitaria venezolana.

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Se han pactado garantías electorales importantes para la oposición: la fecha de las presidenciales para el segundo semestre del 2024, que le otorga aire electoral; el reconocimiento del derecho de cada fuerza política a seleccionar su candidato de manera libre y en conformidad con la constitución; la verificación y observación internacional, el acceso equilibrado a los medios de comunicación. Y el compromiso de las dos partes para reconocer el resultado electoral.

Para el Gobierno, el acuerdo trae logros importantes. Particularmente, el compromiso para eliminar “cualquier medida que pueda afectar la seguridad de los candidatos.” Ello incluye —no podría excluirlo— el levantamiento de la recompensa de 15 millones de dólares que ofrece el Departamento de Estado por recibir información que conduzca al arresto del presidente Maduro. La campaña electoral que tendría que realizar el presidente venezolano es excluyente con el mantenimiento de esta disposición.

Otro asunto crucial es el anuncio hecho por el propio Antony Blinken de eliminar algunas sanciones de especial relevancia económica. La autorización temporal de las transacciones financieras y comerciales para el petróleo y el gas; el visto bueno para que empresas norteamericanas hagan tratos con Minerven, la empresa estatal venezolana de oro; y la eliminación de la prohibición de negociación secundaria de algunos bonos soberanos, deuda y acciones de PDVSA.

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Los acuerdos tienen ciertamente zonas grises, indispensables para la concertación de voluntades. Esos elementos inciertos tendrán que definirse en la fase de ejecución. Y provocarán con seguridad momentos de crisis. El primero acaba de surgir. El Tribunal Supremo de Justicia ha emitido una sentencia suspendiendo “todos los efectos” de la primaria de la oposición que ganó la candidata María Corina Machado con más del 90% de los votos. No se han eliminado las primarias.

Se han suspendido sus efectos. En el contexto, un matiz que no cierra posibilidades. El asunto seguirá su curso administrativo. Pero pone en una situación límite las garantías electorales pactadas. Una de ellas asegura a todas las fuerzas políticas elegir libremente a sus candidatos, pero no específica si incluye a los políticos inhabilitados, como es el caso de Machado. Lo democrático es que las comprenda.

 El Departamento de Estado ya ha reaccionado pidiendo que se reconozca el resultado y no se afecten los acuerdos adoptados.

Se vienen nuevas negociaciones complejas y de sus resultados dependerá la viabilidad del proceso. Juega a favor que para las dos partes —en principio— sea de mayor interés ejecutar el acuerdo, antes que hacerlo fracasar.