El derecho al buen vivir, por Fiorella Simaraura

(*) Activista de Wanamei Morado

Las luchas históricas de los movimientos feministas han dado lugar a avances significativos en la igualdad de género. Sin embargo, en nuestro país las mujeres en toda su diversidad y las disidencias siguen atravesando múltiples violencias basadas en género y desigualdad estructural.

Las cifras de violencia lo demuestran: hasta finales de agosto de este año, el MIMP registra, al menos, 111 feminicidios en todo el país. Lima, Arequipa y Cusco son las regiones con más casos. Las víctimas de violencia extrema son mujeres, mujeres trans y, en los últimos tiempos, mujeres en situación de trabajo sexual.

A esta violencia extrema, se suman los casos de mujeres desaparecidas y la trata que es más visible en departamentos de Madre de Dios, Puno, Loreto y Piura, en donde los índices de mujeres víctimas de trata para explotación sexual son alarmantes. De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, de enero a junio del 2023, se han registrado 197 víctimas de trata de personas, siendo el 92,4% mujeres, el 48,7% son niñas, niños y adolescentes. El 48,77% del total de casos terminó en explotación sexual.

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Las niñas y adolescentes también son víctimas de la violencia estructural: Hasta junio de este año, el MIMP registró 14.500 casos de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes, de los cuales un 92,5% son mujeres.

Por si fuera poco, las niñas que resultan embarazadas producto de violaciones,son revictimizadas por operadores de salud que anteponen sus creencias por encima de la salud física y mental de las niñas; como fue el reciente caso de Mila, de 11 años. Ha sido solo gracias a la presión pública impulsada desde diferentes organizaciones y activistas feministas que Mila y otros casos conocidos por los medios pudieron acceder al aborto terapéutico.

Asimismo, las disidencias sexuales están en situación de vulnerabilidad, al no tener derecho a una identidad que reconozca su derecho a ser y existir en esta sociedad. Las trabajadoras del hogar demandan que, en muchas situaciones, son víctimas de explotación laboral e incluso violencia sexual por parte de quienes les emplean.

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La razón para que las mujeres sigan sufriendo estos tipos de violencia extrema es el sistema que continúa alimentando las ideas de que las mujeres son seres inferiores, que deben permanecer sumisas y calladas frente a la desigualdad extrema y a las violencias de las que son víctimas.

Por esto, los días 13, 14 y 15, las mujeres en toda su diversidad: andinas, amazónicas, mestizas, afroperuanas, trabajadoras del hogar, trabajadoras sexuales, adolescentes, hombres trans, lesbianas, bisexuales, pansexuales y mujeres con discapacidad se unieron para fortalecer una agenda feminista descentralizada, interseccional, plural y diversa que nos ayude a resistir frente al adverso contexto político, social y frente al debilitamiento de la democracia.

En medio de la impunidad de tantos agresores, supimos construir redes de soporte para continuar en la búsqueda por justicia, y transformamos nuestro dolor en ímpetu para seguir luchando por nuestro derecho al buen vivir. Fue, precisamente, la consigna por esto la que impulsó nuestras conversaciones en el Encuentro Nacional y la que volvió a confirmar que ninguna mujer y persona diversa podrá tener vida digna sin el nacimiento de un nuevo pacto social y político, el cual debe materializarse mediante la convocatoria a una asamblea constituyente para escribir una nueva Constitución que incluya la lucha por la igualdad de género y contra todas las formas de violencias. Es una obligación del Estado y de la ciudadanía asegurar este derecho. El momento es ahora.