Verdad y posverdad, por Ana Neyra

El domingo, Cecilia Méndez, historiadora peruana y profesora en la Universidad de California, recordaba en una entrevista de Epicentro una noción importante: la posverdad. Esa percepción falsa en la opinión pública, como “realidad paralela”, muchas veces con origen en información oficial, que resuena con apoyo de medios de comunicación.

Un ejemplo se puede ver en la difusión falsa de las actividades de la presidenta de la República durante la Asamblea General de Naciones Unidas. Además de que concurre a la actividad en contravención a la Constitución (una ley no puede ir contra las reglas del artículo 115 de sucesión presidencial ante ausencia temporal o permanente), se presentan encuentros casuales o saludos protocolares como reuniones bilaterales, lo que demuestra una vocación por desinformar al “maquillar” la realidad y con cero propósito de enmienda.

Este poco o nulo interés por la verdad se ha materializado de distintas formas en este gobierno, con sus “explicaciones alternativas” de lo ocurrido en la represión de las protestas, que han pasado por atribuir toda la responsabilidad al expresidente, las balas Dum Dum, gobiernos extranjeros, grupos terroristas y, más recientemente, a los propios manifestantes. También, durante el viaje de la presidenta, con su rechazo por contestar preguntas críticas (ante cuestionamientos sobre la declaración de estado de emergencia como eficiente frente a la inseguridad ciudadana) y, pese a que alega que gobierna vía “teletrabajo”, negándose a hablar de estas decisiones mientras se encuentra fuera del país. Noticias falsas y poca tolerancia a la difusión de la verdad.

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Las narrativas alternas también se denotan en el desconocimiento sobre la investigación (“sumaria”) del Congreso contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Según el último estudio del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), 58% de la población no sabe ni ha escuchado de esta investigación y 4% no sabe qué es la JNJ. Pese a su importancia (todos/as en algún momento estaremos ante un/a juez/a), instituciones de este tipo no son masivamente conocidas.

Pasaba también con el predecesor Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuya conformación provenía de representantes de Poder Judicial, Ministerio Público, colegios de abogados del país y otros colegios profesionales, universidades nacionales y particulares, distinto al actual sistema de elección por concurso público de la JNJ. El CNM, no hay que olvidar, se volvió tristemente célebre por audios como en el que se escuchaba una negociación sobre reducir o librar de pena a una persona acusada de violación de una menor de edad, lo que motivó crítica generalizada y luego un referéndum en 2018.

Pero también es evidente que la mayor parte de los medios de comunicación de señal abierta no ponen este tema de manera prioritaria en la agenda pública. No se brinda la importancia suficiente a este ataque institucional frente a nuestra debilitada democracia, pese a lo central de su rol en el sistema de justicia y frente a los organismos electorales (la JNJ elige a jefes/as de ONPE y Reniec). Lo curioso es que -incluso intuitivamente- 64% de la población está en desacuerdo con que se intervenga el sistema nacional de justicia; mientras que la percepción de 86% es que en general el Congreso no respeta la separación de poderes.

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Conocer y defender la verdad debería ser un consenso mínimo entre autoridades y ciudadanía, incluidos los medios de comunicación.

Es posible discrepar de las soluciones, pero deberíamos coincidir en la importancia de presentar la realidad de manera coherente con la verdad, a fin de plantear certeras soluciones a los problemas del país. Pese a lo crecientemente difícil, un compromiso democrático real debe implicar una lucha decidida contra esta posverdad.