Mila: reflejo de un país roto, por Lucia Solis

Tanto la maldad como la nula empatía con la que ciertas personas y sectores han tratado el caso de Mila, y a ella misma, han sido de lo peor que se ha visto en los últimos meses. Esto demuestra de la forma más baja posible cómo, en cuestiones de derechos humanos, estamos rotos como país.

Pero ella no es la única. De hecho, en la última década, 68 niñas, incluso menores, fueron forzadas a dar a luz en el Perú. Estas niñas, con 10 años o menos, no son solo víctimas de sus padres, padrastros, abuelos o tíos, sino también de un sistema que les ha fallado a todos los niveles.

La presión de la ciudadanía logró que una segunda junta médica aprobara el aborto terapéutico que la primera le negó, y que se dicte la prisión preventiva a su agresor tras haber sido liberado previamente por el juez César Espíritu. Mila accedió a un procedimiento que, a diferencia de los otros supuestos válidos para la interrupción voluntaria del embarazo, está despenalizado en el país desde hace 99 años, pero por el que todavía se tiene que mendigar para que se respete y se realice.

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Es muy probable que Mila pueda atravesar su proceso de recuperación como sobreviviente de violación sexual de forma distinta a la de otras menores a las que el Estado peruano les negó el acceso al aborto terapéutico, siendo condenado por diversos organismos internacionales por atentar contra sus derechos. La última sentencia es de hace menos de tres meses.

Mientras tanto, los argumentos (si se les puede llamar así) en contra de que se le haya practicado el aborto a Mila son deshumanizantes, crueles y tendenciosos. Son nauseabundos, por decir lo menos. Querían imponer la maternidad a una niña que apenas comienza a descubrir el mundo. Y también se atreven a desearle el mal.

Hablan de proteger a la infancia los mismos que piden que se haga público el informe médico de una menor de edad y que ponen en tela de juicio si realmente un embarazo consecuencia de una violación podría tener efectos graves en la salud física y emocional de la niña. Esto revictimiza, cosifica y la deja en último plano, tal como les gusta tener a los antiderechos de las mujeres.

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Se aprobó y se realizó el aborto terapéutico a Mila debido a la presión ciudadana que generó su caso, no porque haya un Estado que la haya protegido y respaldado desde el inicio. En el país en el que sistemáticamente se atentan contra los derechos humanos, esto no sorprende, pero sí enfurece. Especialmente por las otras Milas que fueron, que existen y que vendrán. Los agresores materiales y aquellos que normalizan el círculo de violencia no están en los baños neutros; están en las casas de las niñas, en las instituciones legales, en las juntas médicas, en los espacios religiosos y hasta en el propio Mimp. Nos toca defenderlas.