Desidia fiscal

La captura y posterior liberación de los compinches del asesino Maldito Cris ha puesto en el tapete, nuevamente, el rol que cumplen tanto la Policía como la Fiscalía, en relación con la inseguridad ciudadana.

Mientras la Policía lleva adelante el proceso que va hasta la localización y detención, la Fiscalía debe aportar la mayor celeridad en tanto investiga y hace las gestiones judiciales para ordenar la prisión efectiva o preventiva del intervenido. El protocolo ya está determinado para la flagrancia, si ese fuera el caso; o para denuncias en las que ya ha existido un previo seguimiento de los agentes.

La Fiscalía, al retrasar su gestión, obliga a la liberación de los investigados, porque la Policía no puede retenerlos por más tiempo que el que determina la ley.

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Luego de capturados el Maldito Cris y dos acompañantes, en el distrito de San Martín de Porres, tras una balacera con la Policía el 16 de junio pasado —en la que hubo un civil muerto y tres policías heridos—, un suboficial PNP del operativo solicitó durante tres días la disposición fiscal para obtener la orden de detención y evitar la liberación de los delincuentes. Se dirigió a la fiscal María del Socorro Abad Tandazo, titular de la Novena Fiscalía Penal Corporativa del Cono Norte, sin éxito.

Alvis Vargas y Dany Marcano, con antecedentes penales y con pruebas positivas de haber disparado armas de fuego, fueron liberados por exceso del tiempo de detención. La responsabilidad es directamente atribuible a la fiscal, pese a que ella quiso evadirla y culpar a la Policía.

Dos presuntos delincuentes que integrarían el ‘Tren de Aragua’ han quedado en libertad, con todo lo que esta situación puede significar para la seguridad ciudadana. Es contraproducente para la lucha contra la delincuencia que ocurre en las calles, todos los días, y provoca desaliento y levanta sospechas.

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¿Hasta dónde llegan los hilos corruptores de la delincuencia internacional? ¿Qué otras autoridades están vinculadas a estas mafias que han convertido las calles en escenario de ajustes de cuentas, sicariato, extorsión y todo tipo de ilegalidades cometidas a diario?

Es el momento de una investigación independiente y a fondo para determinar que la lentitud, con la que procede el Ministerio Público en este y otros casos similares, no esté respondiendo a órdenes del crimen organizado. La situación de zozobra en la que vive el país no puede continuar. Hay que adoptar severas sanciones contra los responsables.