Panorama gris, miserable farsa, por Diego García-Sayán

El texto “El 18 de brumario de Luis Bonaparte” viene como anillo al dedo al avasallamiento institucional en curso en el Perú: “La historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa”. Se refería allí Marx, como se sabe, al golpe dado en 1851 por Luis Napoleón Bonaparte para hacerse emperador de Francia, en imitación del dado 52 años antes por el tío, el “original” Napoleón Bonaparte, el 18 de brumario del año VIII, según el calendario republicano (9 de noviembre de 1799).

Historia circular con analogía a lo que hoy padece en el Perú: avasallamiento institucional con varias semejanzas al que se produjo contra la democracia y el equilibrio de poderes luego del golpe de Estado fujimorista de 1992. Pero esta vez se presenta más como farsa, tanto por su mediocridad como porque se hace en completa desconexión con el sentimiento popular. En los 90 el contexto del terrorismo y la hiperinflación permitió legitimar muchos de los zarpazos autoritarios en nombre del “orden interno”.

Ahora, la legitimidad del poder es casi inexistente. La desaprobación récord de 91% al Congreso (según la encuesta de junio del IEP), hace que a lo que hoy acosa al Perú y sus instituciones se le pueda calificar, con todo rigor, como una miserable farsa. Una virtual aplanadora de derechos, instituciones democráticas y tolerancia arrasadas. Pero sin ningún “pretexto” nacional o en nombre de algún principio u objetivo nacional o “de emergencia”. Sino con el único propósito de repartirse las instituciones en función de apetitos individuales o de pequeños grupos.

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La intervención inconstitucional del Congreso en el Ministerio Público, con el zarpazo contra la fiscal suprema Zoraida Ávalos, afecta la médula de la independencia de la judicatura, sancionando el criterio y razonamiento jurisdiccional. Medidas de sanción, además, que solo pueden ser adoptadas por la Junta Nacional de Justicia. Es un ataque frontal a la legalidad y a los tratados internacionales de los que el Perú es parte por decisión soberana. Como lo marca el actual ritmo de las cosas, con el ostensible afán de limpiar la mesa en la Junta de Fiscales Supremos para favorecer el control por quien lo quiere ejercer de manera absoluta.

Lo curioso es que en esta repetición farsesca de avasallamiento institucional se está omitiendo un dato histórico y jurídico muy importante: las respuestas sólidas que dio la comunidad internacional desde fines de los 90. El ordenamiento institucional del que el Perú es parte, por decisión soberana, dictó sentencia hace más de 20 años, por ejemplo, contra la irregular destitución que hizo el fujimorismo de tres integrantes del Tribunal Constitucional. Y en el camino se ha ido produciendo una muy rica y sólida jurisprudencia interamericana, en beneficio de la institucionalidad democrática, cuyos conceptos son de obligatorio cumplimiento.

Ante la destitución por el Congreso ecuatoriano del tribunal electoral, recientemente la Corte Interamericana ha establecido que una remoción por el Legislativo viola las garantías de inamovilidad y estabilidad de los jueces (Aguinaga vs. Ecuador del 30 de enero del 2023). Semejante principio de inamovilidad se aplica, por cierto, a fiscales, que no pueden ser removidos por un órgano político. Este criterio es de obligatorio cumplimiento no solo en Ecuador.

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Nuestro TC ha establecido, de manera reiterada, desde la sentencia de 19 de junio de 2007, que “…las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para todos los poderes públicos y que esta vinculatoriedad no se agota en su parte resolutiva, sino que se extiende a la ratio decidendi, incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el proceso”.

Puesto que estos principios y precedentes internacionales en materia de democracia e institucionalidad se están violando arteramente en el Perú, en el festín antiinstitucional que marcha a todo vapor en el desprestigiado Congreso, previsiblemente allí se alzarán voces retardatarias contra el sistema interamericano e ideas autoritarias —¡otra vez!— de salirse del sistema internacional. Es el camino que siguen los países autoritarios como la Venezuela y Nicaragua de los últimos años. Miren cómo les va a los pueblos de sus países.