Familia desprotegidas, por Percy Mayta-Tristán

Junio es el Mes del Orgullo LGBTQI+, representamos entre el 7% y 9% de la población adulta peruana. Estamos presentes, aunque no siempre visibles, en todo aspecto de la sociedad (sector público, privado, Fuerzas Armadas, iglesias, academia, política, entre otros) y tenemos las mismas obligaciones, pero no los mismos derechos para proteger a nuestras parejas, propiedades y proyectos de vida en común.

A pesar del dominio conservador en el Congreso, Tribunal Constitucional y alcaldía de Lima, entre 2021 y 2023 el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo subió de 35% a 41%, según un reciente estudio de Ipsos. Si bien esta encuesta tiene una muestra más urbana, revela un cambio de los peruanos que no se condice con el accionar político, como en tantos otros temas.

Además, este estudio encontró que 24% está de acuerdo con que exista una figura legal similar, pero que no se llame matrimonio, y solo 16% en contra de que las parejas homosexuales tengamos algún tipo de protección legal.

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Para entender el porqué del matrimonio igualitario, es necesario desligar lo ritual de lo legal. Lo ritual es ese hermoso compartir donde la pareja se presenta ante la comunidad que comparte sus creencias y reafirma su vínculo de amor en función de sus credos, llamado también matrimonio religioso, no tiene efectos legales y solo les compete a los miembros de esa comunidad.

Lo legal es lo que nos corresponde como ciudadanos y se refiere a los derechos y deberes con los que la sociedad reconoce la unión de dos personas en un matrimonio civil, como es el derecho a heredar, a pensión, a compartir un seguro de salud, a tomar decisiones de salud por el cónyuge, y a ser reconocido como una familia.

Sabemos que por la coyuntura no habrá matrimonio igualitario pronto en el país, así como otras reformas necesarias. Por esta y otras luchas marchamos con orgullo en estos días.